"Antes de que publiquen mi nombre y lo proporcionen a los medios de comunicación deben hacer
Una investigación."
Christian Bárcenas
Una vez más hemos sido testigos de cómo se maneja la justicia en nuestro país en los tiempos del narco.
Una denuncia anónima llevó en la madrugada de este miércoles 9 de junio a un operativo de la Secretaría de Marina -no de la PGR ni de la Policía Federal- que irrumpió violentamente en una posada de la calle de Mérida de la colonia Roma de la Ciudad de México sin órdenes de cateo ni de aprehensión.
Algunos de los inquilinos, entre ellos Christian Bárcenas, fueron detenidos y esposados. Sus nombres y rostros fueron difundidos a través de los medios de comunicación. La Secretaría de Marina señaló que los detenidos tenían explosivos, particularmente uno conocido como C-4, el cual permitiría un atentado que podría destruir decenas de edificios.
La PGR no fue invitada al operativo hasta que concluyó. Sólo entonces se pidió al Ministerio Público que iniciara las investigaciones para consignar a las personas detenidas. Así son las cosas en nuestro país: primero se detiene y después se investiga.
Cuando se examinaron los materiales supuestamente explosivos resultó que se trataba de glicerina, ácido nítrico y parafina. Se trata de sustancias no explosivas cuyo uso no es ni restringido ni ilegal. La PGR tuvo que liberar a los detenidos.
Al final la acción resultó relativamente benigna. Por lo menos los marinos no mataron a nadie en su irrupción ilegal en la posada de la colonia Roma. Pero ¿por qué digo ilegal? Porque los efectivos no contaban ni con orden de cateo ni de aprehensión. Esto no es un simple tecnicismo legal: es lo que manda la Constitución en su Artículo 16, el cual establece que nadie podrá "ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".
Ilegal también es esposar y detener a personas que no han sido acusadas de nada. También lo es difundir sus imágenes y datos personales a los medios de comunicación cuando no hay un proceso en su contra. A los marinos, al parecer, nadie les ha informado del elemental precepto jurídico que señala que los juicios son públicos, pero las averiguaciones privadas.
Si algo demuestra la experiencia de la colonia Roma es que las denuncias anónimas son consideradas ya en México un reemplazo satisfactorio de la orden de cateo o de aprehensión de un juez. La irrupción violenta se ha convertido en un sustituto de la investigación y la labor de Inteligencia. Con estas herramientas ilegales los elementos de la Armada y el Ejército han reemplazado a los policías judiciales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El problema de fondo es que con el pretexto de protegernos de nosotros mismos, de impedir que los gobernados podamos caer en la tentación de utilizar por voluntad propia sustancias que pudieran hacernos daño, las autoridades nos han despojado de nuestros derechos más elementales. Lo anterior se ha hecho sin enmendar la Constitución, sin eliminar las garantías que nos otorgan el Artículo 16 o el 20.
Este último establece que toda persona debe ser considerada inocente "mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa". En el México de los tiempos del narco una denuncia sin rostro ocupa ya el lugar del juez, de la Constitución y de la justicia.
Hay al parecer una discrepancia entre los ingresos y los gastos de Greg Sánchez, ex candidato de la izquierda al Gobierno de Quintana Roo. Las acusaciones por narco y asociación delictuosa se basan en testigos pagados que declaran que participó en una cumbre de narcotraficantes en Acapulco que seguramente nunca tuvo lugar. El castigo de cárcel e inhabilitación política se aplica, en violación al Artículo 20 constitucional, antes que un juez lo declare culpable.
