L A denuncia ante las autoridades judiciales en asuntos en que se involucra a un político, sobre todo cuando atañe a un alto funcionario de la Federación como son los mandatarios estatales, tiene un curso procedimental distinto al que correspondería a un particular. Si está en funciones procede desaforarlo mediante juicio político a fin de privarlo de la barrera jurídica que significa el fuero de no procesabilidad. Esto considerando se cumpla con lo dispuesto en la Ley de responsabilidades. La fracción III del Artículo 109 constitucional, establece que "las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan".
Lo anterior viene a colación por la imputación que le han hecho al ejecutivo del estado de Durango de estar adquiriendo bienes raíces consistentes en diversos fraccionamientos citadinos y, como cosa fastuosa, toda una isla, en la que cualquiera, imitando a Robinson Crusoe, junto con su compañero "Viernes", se dedicaría a disfrutar de un paraíso terrenal, sin ojos curiosos que pudieran revelar hechos no convenientes. Los demás cargos no hacemos referencia porque están colgados de la mucha o poca veracidad de quien hace acusaciones verbales, llamando la atención los juicios de amparo, promovidos bajo reserva ¿?, solicitados por el secretario de Gobierno, el procurador y el presidente del IEPC, así como dos subsecretarios más, tramitado uno en Durango y los otros en Zacatecas, según se desprende de las declaraciones que formula José Rosas Aispuro a la revista Proceso No. 1761, fechada el 1ero de agosto del año en curso, publicación hebdomadaria que nos dicen fue retirada abruptamente de los estanquillos de la ciudad de Durango, comentándose en los corrillos políticos, que se trató de tapar el Sol con un dedo.
Esto es, pidieron la protección de la Justicia de la Unión, sin darse en la nota mayores datos que nos indiquen a qué obedeció que los funcionarios estatales hayan promovido un juicio constitucional, ni a qué autoridades les reclamó qué actos, concretándose José Rosas Aispuro a señalar que es "prueba de que las autoridades estatales cometieron fraude y están coludidos con el narco". Por cierto, Aizpuro dijo no tener pacto con narcotraficantes, a lo cual el reportero de Proceso le inquirió punzante ¿"Ni con el cártel de Sinaloa? Se le inquiere, pues se comenta que es familiar de Emma Coronel Aispuro, esposa del Chapo Guzmán y presuntamente sobrina de Ignacio Coronel". A cuya pregunta Aispuro respondió que si "tuviera pacto con el de Sinaloa no actuaron a favor de Aispuro porque el compromiso de ellos es con el gobernador. En el mismo artículo se señala, que: "Durango es la entidad con mayor crecimiento en delitos del fuero federal".
Lo que sigue es que el Tribunal Electoral local resuelva las impugnaciones que se hayan formulado por las partes. No se espere que por el transcurso del tiempo Jorge Herrera Caldera se consolide como el ganador. La Ley electoral dispone que si asume el cargo antes del fallo, se queda sin materia la impugnación y consumatum est, la resolución que da el triunfo a cualquiera de las partes causa estado. Lo que interesa al ciudadano es que se ventile el asunto hasta sus últimas consecuencias. Así se satisface el interés público. Les debe urgir a los contendientes que el tribunal resuelva. El que perdió para sentir que no fue por desatención y el que triunfó para que no quepa la menor duda de su victoria. Eso es lo correcto y me atrevería a decir que decente. Los duranguenses tanto los jus solem como los jus sanguinis, aspiramos a autoridades que no tengan la más pequeña de las dudas. Que en torno suyo no haya ninguna sombra que dañe la imagen que debe tener quien esté al frente del Gobierno.
