La justicia de Bélgica inició una investigación sobre la presunta práctica de espionaje llevada a cabo en este país por los servicios secretos de Colombia, revelaron hoy los demandantes del caso.
La denuncia fue realizada en octubre pasado por dos personas físicas y seis Organizaciones No Gubernamentales (ONG) belgas e internacionales, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA) y Oxfam Solidaridad.
Según las ONGs, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano habría actuado 'con toda impunidad y sin autorización' en el territorio belga con el propósito de desacreditar el trabajo de los defensores de los derechos humanos que se dedican a la situación en el país suramericano.
Entre las acciones atribuidas a los servicios colombianos se incluyen la interceptación de correos electrónicos, la práctica de escuchas telefónicas y la puesta en marcha de 'operaciones de calumnia y difamación', explicó Veronique van der Plancke, una de las letradas responsables del caso.
Los denunciantes también acusan al DAS de estar por detrás del robo de tres computadoras en la residencia belga del secretario general de la FIDH, Luis Guillermo Pérez Casa, así como de las amenazas de muerte recibidas por el activista en contra de su familia.
Para las ONGs, el supuesto espionaje del DAS tendría, además, el objetivo de denigrar el sistema jurídico europeo, la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Tanto los activistas como la Eurocámara llevan años presionando a la Unión Europea a no concluir un acuerdo bilateral con Colombia sin incluir una cláusula sobre la protección de los derechos humanos, que juzgan precario en el país.
La investigación judicial está siendo conducida por el juez de instrucción de Bruselas, Olivier Leroux, y podría prolongarse por hasta tres años.
