El representante legal de los trabajadores que denunciaron el fraude, Agustín Acosta, señaló que la 'inusual' acción en que incurrió el MP, orilló a la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a cancelar las órdenes de aprehensión que estaban vigentes contra el líder minero.
Trabajadores mineros presentaron hoy ante la PGJDF una denuncia de hechos por las supuestas irregularidades en que habría incurrido el Ministerio Público (MP) local, durante el proceso que se seguía en contra de Napoleón Gómez Urrutia por el delito de fraude.
En entrevista, el representante legal de los trabajadores que denunciaron el fraude, Agustín Acosta, señaló que la 'inusual' acción en que incurrió el MP, orilló a la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a cancelar las órdenes de aprehensión que estaban vigentes contra el líder minero.
Detalló que durante el proceso que se seguía contra Gómez Urrutia por la causa penal 200/07, el Ministerio Público de la Fiscalía para Delitos Financieros integró una serie de elementos de prueba y determinó que no había delito que perseguir.
'El Ministerio Público en su calidad de investigador promovió una serie de actuaciones para determinar que no hay delito que perseguir, y no solamente eso, sino que la transmitió al juzgado penal para que tomara una determinación', indicó.
Agregó que por este motivo se presenta la denuncia de hechos, ya que consideran que la representación social se convirtió 'en defensor de oficio de Gómez Urrutia', en lugar de adoptar la titularidad de la acción penal que le correspondía por el fraude del fideicomiso minero.
'Lo que los trabajadores mineros están pidiendo es que el Ministerio Público asuma a cabalidad la función de representación social que ostenta y que le ordena la Constitución, y que nos e convierta en defensora de oficio de los acusados', sentenció.
El abogado pidió al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) Miguel Angel Mancera, que se revise la actuación del personal ministerial a su cargo, pues advirtió que se pueden configurar delitos como ejercicio ilegal del servicio público y contra la impartición y administración de justicia.
Agustín Acosta recordó que el monto del fraude que habría cometido Gómez Urrutia y otros coacusados asciende a 55 millones de dólares, mientras que los afectados son aproximadamente seis mil trabajadores que no recibieron recursos del fideicomiso minero.
