Negocio. La SFP denunció penalmente a 5 servidores públicos por entregar ilícitamente a empresas 52 mil toneladas de vías férreas, con un valor de mil 800 mdp. AGENCIA REFORMA
La Secretaría de la Función Pública (SFP) denunció penalmente ante la PGR a cinco ex servidores públicos de Ferrocarriles Nacionales de México por un daño patrimonial que suma más de mil 800 millones de pesos, quienes podrían alcanzar hasta siete años de prisión.
"La secretaría sancionó a estos ex servidores públicos con inhabilitación de 11 hasta 15 años, pero mantiene abiertos expedientes de responsabilidades administrativas adicionales que probablemente deriven en sanciones económicas y que pueden ser de hasta tres veces el monto ocasionado.
"El material vendido de manera ilegal es equivalente a tres veces la red del Metro de la Ciudad de México o siete veces el acero de la Torre Eiffel", subrayó el secretario de la SFP Vega Casillas.
En conferencia de prensa, Vega Casillas informó que en la denuncia penal están involucradas presuntamente cuatro empresas por actos ilícitos realizados a partir de 2003 y hasta 2008, cuando los ex servidores públicos entregaron a dichas empresas vías férreas y accesorios.
"Los involucrados carecían de facultades legales, además de que no dieron aviso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni solicitaron autorización a la SFP", explicó el funcionario.
El titular de la SFP comentó que hasta el momento, no están relacionados representantes del sindicato ferrocarrilero, pero, "quiero insistir que tenemos todavía algunos procesos adicionales de responsabilidades".
Ferrocarriles Nacionales, organismo en liquidación, realizó cuatro licitaciones entre 2003 y 2005 para vender chatarra mediante subasta pública, pero no entregó todos los bienes licitados, considerados chatarra, a cuatro empresas adjudicadas, lo que generó una deudo de 10 millones de pesos de aquel tiempo.
Los funcionarios involucrados son el delegado fiduciario especial de Banobras y encargado de la liquidación, Enrique Alejandro Rivas; el subdirector general jurídico, Efrén Alejandro del Pozo; el subgerente de servicios especiales, Antonio Paredes; el jefe de área de la subdirección general jurídica, Saúl Román Tiburcio y el jefe de área "C" de la subgerencia de servicios especiales, Pedro Rodolfo Muriel.
Estos funcionarios recibieron inhabilitaciones que van de 11 a 15 años además de la responsabilidad para la reparación del daño económico por haber incumplido con la entrega de chatarra que generó un adeudo de 10.3 millones de pesos con las empresas adjudicadas.
Vega Casillas explicó que dichas vías férreas tenían una extensión de más de 590 kilómetros, con un peso de 52 mil toneladas de acero, de la más alta calidad instaladas en cinco entidades: Chihuahua, Michoacán, Durango, Jalisco y Puebla.
SALVADOR VEGA CASILLAS
Secretario de la SFP
