El reporte del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) "Silencio o muerte en la prensa de México. Crimen, violencia y corrupción destruyen el periodismo en el país", señala que 30 periodistas han sido asesinados o desaparecidos desde diciembre de 2006, fecha en que Felipe Calderón asumió la Presidencia.
Por lo menos ocho de esos 22, fueron abatidos "en represalia directa por presentación de informes sobre la delincuencia y la corrupción". Al menos otros siete reporteros han desaparecido durante este periodo. Además, "docenas de periodistas han sido atacados, secuestrados o forzados al exilio", agrega el informe.
Juego peligroso de papel
El informe asegura, además que el interés que los cárteles tienen en la prensa no una simple cuestión de quitar poner sus nombres, "Sus motivos son mucho más complicado, y mucho más siniestro", asegura el CPJ.
"A los capos les encanta ver su nombre en los periódicos porque causa miedo entre sus rivales", sin embargo, la historia no es la misma cuando se informa sobre una red de corrupción.
En el informe se dice que por ejemplo en Tijuana, los cárteles utilizaron a la prensa para atacar a sus rivales, pero desde las autoridades, como fuentes. "No todos los periodistas que jugaron el juego eran corruptos. Ellos no sabían que sus fuentes, a menudo en aplicación de la ley, estaban trabajando como agentes de relaciones públicas para los cárteles".
En los años siguientes, los narcotraficantes desarrollaron "tácticas agresivas" en los medios de comunicación. "Ellos usan los periodistas corruptos como clave componente en su lucha sin cuartel por el control de la ‘plaza', como llaman los narcos al mercado de drogas".
Poderes fácticos
El informe de la CPJ agrega una serie de recomendaciones para que el gobierno de México garantice el ejercicio periodístico, sobre todo en Ciudad Juárez, Durango, Tijuana, y Reynosa, donde "el cártel del Golfo controla a la prensa".
"Calderón tiene que tomar una acción decisiva, no sólo porque el gobierno federal tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la libre expresión. Salvaguardar la libertad de prensa está en su propio interés estratégico. Él no puede ganar la guerra contra las drogas si se cede el control de la información pública a los narcos", recomienda la CPJ.
