Aunque hasta ayer, 24 horas antes del inicio del procedimiento de subasta de una porción del espectro radioeléctrico para telefonía celular, internet y banda ancha, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no había mostrado reacción alguna, la posibilidad de suspensión de ésta se mantiene latente.
La barrera, el árbol en el camino, la colocó una resolución de la tercera sala regional oriente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se condena una de las exigencias para los participantes: el que con su posible acumulación nueva y la existente no rebasen 85 Megahercios del espectro.
El limitante, diseñado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones y avalado por la Comisión Federal de Competencia, le colocaba un dique a las posibilidades de tres empresas: Iusacell, Telcel y Telefónica México, es decir Movistar.
En contraste, se le abría el camino al binomio integrado por Televisa y la telefónica estadounidense Nextel, para quedarse con la mayoría del pastel en juego, si no con la totalidad.
La resolución, dictada el viernes pasado, señalaba a la letra que la limitación equivalía, "a condicionar la participación de los licitantes".
El artilugio legal lo colocó en la mesa Iusacell.
Lo dramático del asunto es que el jaque se volvió doble, dado que ayer el juez noveno de Distrito en Materia Administrativa le otorgó una suspensión provisional a la propia Iusacell contra la bases de la subasta, al calificarlas de inequitativas.
De mantener intacta la ruta del procedimiento, es decir de recibir hoy las propuestas de los participantes, la SCT y la Comisión Federal de Telecomunicaciones estarían violando un amparo, con el escándalo consiguiente.
La historia es larga.
De hecho, se inicia en abril de 2008, cuando la Comisión Federal de Telecomunicaciones da a conocer la disponibilidad de 120 megahercios, 30 de ellos en la banda de 1.9 gigahercios y 90 en la de 1.7 del espectro radioeléctrico, repartidos en dos bloques de 30 megahercios y tres bloques de 30 con cobertura regional. Despertado, pues, el apetito, los posibles participantes inician una ofensiva para clarificar las condiciones, ya ante la propia Cofetel como ante la Comisión Federal de Competencia, quien finalmente emitiría a principios de este año una resolución limitando la posibilidad de cobertura de las empresas en el mercado a 85 megahercios del espectro, lo que le dejaba apenas un pedacito del pastel a Telcel, Iusacell y Movistar. En ese momento, empero, estaba en discusión la posibilidad de ratificar concesiones ya existentes, lo que colocaba en un callejón aún más estrecho a las tres firmas, dado que para efectos de la licitación se daría como hecho que poseían el espectro... cuando podían perderlo en la mesa. Sin embargo, la SCT se allanó a la protesta, acelerando la renovación de las concesiones.El siguiente obstáculo lo planteó un cambio de señales del convocante, dado que se había previsto licitar siete bloques en cada una de las nueve regiones en que se dividió el país. Sin embargo, a la hora buena se fusionaron bloques y regiones, de tal modo que quedaron dos bloques nacionales de 30 megahercios, y tres de 10, en cada una de las nueve regiones.
De 63 concursos, pues, se compactó a 29.
Se diría que se hacía más mullida la alfombra para el resto de los participantes, en un escenario en que Televisa se apresuró en febrero pasado a pactar una alianza con Nextel, filial de la estadounidense NII Holdings, vía una intención de compra del 30 por ciento de su capital.
Las firmas pujarían juntas en la subasta del espectro radioeléctrico. La posibilidad de la compañía encabezada por Emilio Azcárraga Jean apuntaba a convertirse en el primer operador de cuádruple play en el país, al ofertar servicios de video, telefonía fija, banda ancha... y telefonía móvil. Los tres primeros ya los ofrecen en paquete sus filiales Cablevisión, Cablemás y TVS.
Con las reglas impuestas, ni siquiera tendría que plantear ofertas elevadas para adjudicarse una red de bloques con cobertura nacional.
Casi el paraíso, en un marco en que también tiene vía libre para pelear, sin rival en el ring, por dos hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad, es decir una red nacional para telefonía fija, Internet y banda ancha.
El volado está en el aire: ¿Se la juega la SCT por su gallo, a riesgo de ser acusada de violar un amparo?, o suspende la licitación para rediseñar los bases sobre cimientos de equidad.
Águila o sol, hoy mismo.
BALANCE GENERAL
Quien está haciendo maletas para dejar el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Incautados (SAE), es Luis Miguel Álvarez Alonso, quien ha encabezado al organismo en dos sexenios.
La última tarea de éste, lo recordará usted, fue la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, cuyo costo le ha significado al Gobierno erogar 23 mil millones de pesos.
El capítulo se quedó inconcluso ante la negativa de un porcentaje de trabajadores, aparentemente el 27 por ciento, de no recibir su liquidación, además de que aún no está completo el inventario de los bienes que tenía la ex empresa pública.
Sin embargo, Álvarez Alonso manejó con total escrúpulo los bienes incautados al narcotráfico, a contrapelo de los capítulos de corrupción anteriores, algunos de los cuales derivaron en suicidios.
GRUMA CON CEMEX
Compañeros del mismo dolor, la expropiación de plantas en Venezuela decretada por el presidente Hugo Chávez, los abogados del Grupo Maseca y de Cementos Mexicanos se reunieron hace unos días para compartir experiencias en torno al proceso de indemnización.
De acuerdo a las reglas pactadas por el Gobierno bolivariano, éste debe negociarse en un lapso máximo de nueve meses, tras el decreto que le obligó a vender a la firma productora de harina de maíz nixtamalizada su planta Molinos Nacionales, cobijada por una controladora asentada en España, conocida como Valores Mundiales.
España y Venezuela tienen un convenio de protección recíproca de sus inversiones. Sin embargo, Cemex se encuentra bajo el mismo marco, dado que su planta expropiada se cobijaba bajo una razón social domiciliada en Holanda... y el asunto lleva dos años sin llegar a buen puerto.
¿TRES TALLAS GRANDES?
El gozo se le fue al pozo a los presidentes de los organismos cúpula del sector privado, que empujaron la posibilidad de un nuevo estilo en la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial con Mario Sánchez Ruiz, ante sus primeras declaraciones que los más generosos califican de "desafortunadas".
El problema es que el dirigente va a enfrentar retos formidables en el corto plazo, por ejemplo el cabildear una reforma hacendaria equitativa para las empresas, y en paralelo enfrentar la pretención del Instituto Mexicano del Seguro Social de reducir la representación empresarial en el Consejo Técnico.
La idea es acotar ésta a dos asientos, de los cuales uno sería para la Concamín y otro para la Concanaco, cuando la primera tiene tres.
Los lugares serían ocupados por consejeros independientes, con etiqueta de expertos, a la usanza de Petróleos Mexicanos.
