La subsecretaria del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, Celina Oseguera Parra, señaló que de acuerdo con la información de que se dispone sobre las denuncias de presunta prostitución en reclusorios, no hay indicios de que haya funcionarios de mando involucrados.
La subsecretaria del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, Celina Oseguera Parra, señaló que de acuerdo con la información de que se dispone sobre las denuncias de presunta prostitución en reclusorios, no hay indicios de que haya funcionarios de mando involucrados.
Al comparecer ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, la funcionaria señaló que con relación a estos casos se encuentra en etapa de integración el proceso administrativo y la averiguación previa correspondiente.
La funcionaria también informó en relación con las tres quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que presentaron internas del reclusorio de Santa Martha Acatitla en 2009 ante ese organismo autónomo.
Explicó que las internas de los dos reclusorios de mujeres salen a otro reclusorio por tres motivos: por pedimento de juzgado, ya que los juzgados se encuentran ubicados en los reclusorios Norte, Oriente y Sur.
El segundo motivo es por visita familiar y están previstas en el reglamento, debido a que en otros centros están sus esposos, concubinos, hijos y hermanos.
Señaló que el tercer motivo es por visita íntima con su esposo o concubino y que estos dos últimos motivos de salida se hace con la aprobación previa de los consejos técnicos y en días determinados, y debido a estas tres causas se han llegado a trasladar hasta 120 internas en un solo día.
La subsecretaria refirió en su informe cada uno de los casos de las internas que presentaron las quejas en 2009. La primera ocurrió el 5 de febrero de ese año, en la que refirió que un custodio la amenazó y acosó sexualmente.
Señaló que el custodio le dijo si quería "chambear", refiriéndose a que se prostituyera, a lo cual la interna refirió que no y que dejara de molestarla.
Informó que la subsecretaría recibió la queja de la CDHDF el 9 de febrero, y con esa fecha se requirió información de la titular del centro, misma que informó que la peticionaria manifestó ante personal de derechos humanos del reclusorio que es su derecho y voluntad no ejercer acción legal alguna.
En el segundo caso, con fecha 29 de julio de 2009, se trató de una pareja de mujeres, una de ellas se encontraba interna en Santa Martha y la peticionaria ex interna interpuso la queja de que a su pareja se le obliga a asistir a visita íntima con su concubino y prestar servicios sexuales con otros internos.
Por esa causa se procedió de inmediato a dar seguimiento y la interna señalada negó los hechos y así se le dio respuesta a la CDHDF, señaló.
El tercer caso es de una interna que salió del centro de readaptación social Santa Martha a un juzgado del Reclusorio Oriente y refirió a las autoridades que fue molestada por custodios.
Ante esto y en coadyuvancia con la autoridad jurisdiccional se le asesoró con personal jurídico del penal femenil y de su puño y letra elaboró su denuncia que se presentó al Ministerio Público el 5 de noviembre y se dio conocimiento a la procuraduría capitalina.
La funcionaria del gobierno de la ciudad informó que después de esto se adoptaron medidas desde el año pasado para prevenir y evitar este tipo de situaciones.
Aseguró que desde el momento de los hechos se dio seguimiento a citatorios que no corresponden a los juzgados que conocen de las causas penales de internas.
Por lo que se estableció una coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de esta capital para que conocieran los hechos descritos, lo que derivó en una denuncia ante la fiscalía de servidores públicos.
Señaló que a la fecha el aérea jurídica del centro femenil continúa con el apoyo de información documental y testimonial que ha sido requerida para la integración de la averiguación previa.
La funcionaria manifestó su compromiso ante los legisladores de continuar aportando la información que sea necesaria y coadyuvar con las autoridades responsables para determinar la comisión de alguna falta administrativa o delito.
Oseguera Parra sostuvo que están comprometidos con la honestidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos de las internas e internos de los centros de reclusión así como de los adolescentes en conflicto con la ley de la capital de la República.
