Planteada como el as bajo la manga de las empresas hegemónicas para neutralizar a la Comisión Federal de Competencia bajo el alegato de monopolizar la justicia, la exigencia de una instancia superior que la sometiera acaba de caerse al pozo.
La exposición de motivos señalaba que es inadmisible que la entidad en combate a las prácticas marinas (el pez grande se come al chico), fuera al tiempo policía, ministerio público, juez y de pasadita tribunal de apelaciones.
El desgarramiento de vestiduras aludía a la experiencia internacional, con énfasis en España.
El modelo hablaba de la fragmentación de la instancia antitrust en dos vertientes: una como órgano de instrucción dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, y otra como un órgano colegiado de resolución funcionalmente dependiente, pero adscrito al propio ministerio.
El primero tenía una función instructora y de vigilancia de conductas restrictivas y operaciones de concentración; el segundo asumía funciones resolutivas y sancionadoras.
El caso es que el país ibérico acaba de meter la reversa ante el pobre resultado del esquema. La acción actual de la Comisión Nacional de la Competencia, pues, es idéntica a su similar en México.
Las razones las ofreció su titular en reciente visita al país.
De entrada, se aduce que el esquema se convirtió en una camisa de fuerza, dado que la autoridad federal decidía los asuntos a instruir y las operaciones de concentración.
Investigaciones, pues, sólo con bendición oficial, lo que dejaba de lado la posibilidad de actuar de oficio, es decir sin denuncia al calce.
Más allá, se habla de ineficiencia en el procedimiento, al restaurarse y duplicarse los trámites y al prolongarse los procesos innecesariamente, lo que provocaba gastos redundantes.
Adicionalmente, se habla de ineficiencias operativas que impedían la sinergia y la especialización, además de otras limitaciones como coherencia, transparencia y disponibilidad.
Se diría que las dos instancias se lanzaban la bolita.
Del otro lado de la moneda, sin embargo, se señalaban algunas ventajas del modelo dual, atribuibles a la coyuntura. De entrada, la liberalización y extensión de la cultura de la competencia; el alto grado de certeza en las resoluciones finales, y el seguimiento del Gobierno a los criterios de la instancia superior en materia de concentraciones.
Sin embargo, la reposición del modelo anterior, es decir la instancia única a la manera de la mayoría de las naciones en la Unión Europea, con autonomía del Gobierno Federal, ha sido más efectiva.
De hecho, progresivamente ha sido adoptada por los países con mayor tradición en defensa de la competencia como Francia y Portugal.
El cambio de señales fue aprobado por el Congreso español el tres de julio del 2007, con el apoyo unánime de todos los partidos políticos.
La exposición de motivos hablaba de mayor seguridad jurídica, independencia, transparencia, responsabilidad y eficacia.
Ahora que la suma de las dos entidades en una le dio el doble de fortaleza a la Comisión Nacional de la Competencia, al plantearse total independencia de sus funciones de instrucción y resolución, bajo la supervisión y coordinación de su presidente.
La alternativa, además, le permitió la creación de unidades de apoyo especializadas y mayor capacidad de gestión.
Entre las ventajas del esquema se enumeran, además, el que los procedimientos sean más ágiles y eficaces; el que se pueda actuar con mayor agresividad, por ejemplo abriendo a la opinión pública las investigaciones en marcha, y aprovechando las sinergias operativas.
Ahora que el presidente del organismo está obligado a rendir cuentas a la Comisión de Economía del Congreso.
Por lo pronto, si en el 2000, bajo el viejo esquema, sólo se realizaron 15 inspecciones domiciliarias a empresas sospechosas de prácticas monopólicas, en lo que va de este año se han practicado 56.
Más aún, entre el 2008 y el 2009 se iniciaron 52 expedientes sancionadores, la mitad de ellos de oficio.
Y si le seguimos, bajo el nuevo esquema hay cancha para realizar y publicar estudios de promoción de la competencia.
El viejo marco, pues, se reivindicó con creces.
La carta oculta de las firmas nacionales para cabildear la iniciativa presidencial de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, se volvió dos de corazones.
¡Rediez!
BALANCE GENERAL
Aunque, ciertamente, no tendrá un día de campo, a diferencia de otras, la comparecencia de esta mañana ante comisiones de la Cámara de Diputados del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, se realizará sobre una agenda definida en la que se excluye el tema del desmantelamiento del subsidio a las gasolinas y el gas LP.
Tampoco se abordará el tema de los miles de créditos fiscales que ha cancelado la dependencia en lo que a del sexenio.
El pacto lo firmó la Junta de Coordinación Política.
La agenda, sin embargo, incluye el programa de austeridad del Gobierno Federal para este y el próximo año que ha sido calificado como pobre por los legisladores, al no incluir el adelgazamiento del pesado aparato burocrático.
Más allá, se le planteará al secretario, cuál es la estrategia para evitar los subejercicios crónicos del presupuesto en el gasto de inversión; los guardaditos presupuestales que están saliendo en la fase previa al proceso electoral...
Adicionalmente, se planteará hasta dónde piensa intervenir el Gobierno en el rescate de las sofoles y sofomes, cuya descapitalización las coloca en grave riesgo.
Pelea arreglada.
ENERGÍA EÓLICA En lo que podría representar una violación a la cuestionada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que permite a los particulares que generen ésta, vender sólo sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad, la paraestatal acaba de firmar un contrato con la firma española Acciona para adjudicarle 306 megawatts generados vía eólica.
La firma desarrolla tres contratos de generación de energía con la fuerza del viento en el Istmo de Tehuantepec, llamados Oaxaca II, Oaxaca III y Oaxaca IV.
Acciona opera un parque eólico, conocido como Euros, que suministra electricidad a Cementos Mexicanos.
VERDAD AMARGA De acuerdo a una encuesta realizada por la empresa de mercadotecnia Eventum entre mil 200 usuarios de telefonía celular entre el seis y el ocho de abril pasado, el 90 por ciento afirmó que el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no servía para nada. En contraste, sólo el ocho por ciento dijo que servía para mucho.
A la pregunta al 70 por ciento que consideró que no era necesario registrar su teléfono móvil, el 62 por ciento señalaba que la empresa que le ofrece el servicio ya tenía sus datos, en tanto el 34 desconfiaba de la seguridad y confidencialidad de éstos.
El cuestionario inquiría si con el registro se eliminarían los problemas de extorsión telefónica, fraudes y demás, a lo que el 91 por ciento opinó que no.
¿Cuál es el problema?, se le preguntó: el 67 por ciento habló de la corrupción en las cárceles; el 20 de la filtración de datos a delincuentes, y el resto a que éstos tienen mejor tecnología.
