La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el dictamen que presentó el ministro José Ramón Cossío en el que planteó acatar la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México en el caso Radilla.
En ella se señala que los militares que cometan delitos contra civiles en tareas de seguridad y de combate al crimen, deben ser juzgados por civiles y no por autoridades castrenses.
Después de cuatro sesiones, el alto tribunal acordó retirar este caso de su agenda, para elaborar un nuevo dictamen en el que se analice con mayor profundidad la sentencia del caso Radilla, a fin de estar en posibilidad de determinar si la sentencia le fija al Poder Judicial de la Federación obligaciones directas que tiene que cumplir.
APLAZAMIENTO Por ocho votos contra tres, la mayoría del pleno decidió que no era pertinente revisar, por ahora, el caso Radilla, porque era necesario elaborar un nuevo dictamen, que incluyera diversas dudas que les surgieron a los ministros a lo largo de las primeras sesiones de discusión.
El aplazamiento del caso permitirá turnar el asunto a un nuevo ministro -que no se sabe si será del bloque que está a favor o en contra de acatar la sentencia del tribunal interamericano-y dar vista al presidente Felipe Calderón, a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, para que pueda enviar su opinión.
Los ministros no fijaron fecha para volver a discutir este caso, aunque se considera difícil que se resuelva en este mes.
Una vez que el asunto fue retirado y aplazado, el Pleno de la Corte dejó abierta la posibilidad de analizar el asunto en sesiones privadas y no en públicas, como venía ocurriendo.
La CIDH declaró culpable al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en un retén militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la guerra sucia.
En su resolución, el organismo interamericano giró instrucciones a los tres poderes del Estado mexicano, a fin de que realicen reformas en materia de justicia militar y reparen el daño ocasionado en el caso Radilla.
En su sentencia, el organismo internacional determinó que los jueces mexicanos están obligados a velar por la defensa de los derechos humanos.
