Año y medio después de estallado el escándalo al desnudarse la existencia en el país de operaciones financieras de altísimo riesgo conocidas como derivados, cuya incidencia en Estados Unidos colocó al borde de la quiebra al sistema financiero, se quiere tapar el pozo.
Estamos hablando de dos rutas: la reglamentación de las apuestas especulativas y la fijación de reglas para evitar que sus secuelas se conviertan en una espiral sin fin.
El caso más representativo es el de la cadena de tiendas Comercial Mexicana, quien le jugó a doble carta bajo el marco de la especulación cambiaria: Apostarle a una paridad baja, cuyo nivel se mantenía en línea con las versiones oficiales de estabilidad... y jugarle a la contra.
De pronto, pues, la popular cadena de autoservicios se convertía, sin tener licencia, en un banco. De abarrotero a banquero en la magia de la seducción de bancos extranjeros que le delinearon el paraíso... a cambio de jugosas comisiones.
Como recordará usted, colocada de espaldas al callejón la firma que encabeza Guillermo González Nova, se fue metiendo en un laberinto al meterle dinero y más dinero bueno al malo.
De entrada le abrió la llave a las líneas de crédito prácticamente sin límite que tenía en dos bancos: el Mercantil del Norte, conocido como Banorte, y el Scotiabank.
Al final del día, lo recordará usted, los dos se quedaron en un pantano del que hasta hoy no han podido salir, tras haber castigado los préstamos con sus reservas preventivas. Más allá, la cadena lanzó, con los dedos atrapados en la puerta, una emisión de Certificados Bursátiles por mil 500 millones de pesos al corto plazo... que, naturalmente, tampoco pudo redimir.
Adquiridos los papeles por unos 25 mil inversionistas altamente pulverizados, oscilando desde empresas gigantes como Bachoco o instituciones como el Seguro Social en apuesta de sus reservas, hasta cajas de ahorro para el retiro como la de los trabajadores de la planta de Industrias Unidas S.A. (IUSA) en Pastejé, pasando por ex futbolistas, amas de casa, jubilados, viudas..., el incumplimiento de la Cómer provocó más de una tragedia.
De pronto, por ejemplo, un jubilado que le había apostado todos sus ahorros a la emisión sufrió un infarto tan brutal, que la válvula cardiaca se le partió en cuatro, tras enfrentar la noticia del incumplimiento.
De pronto, el responsable de la caja de ahorros de IUSA, cuyo cochinito se engordaba con 10, 20 o 50 pesos a la semana que colocaban los trabajadores mazahuas, recibió amenazas de muerte... que se cumplieron a la letra, por más que las balas no pegaron en el blanco.
El hombre debió huir del poblado.Y de pronto, la desesperación provocó más de un intento de suicidio.
Sin embargo, integrados en un frente común, los inversionistas se lanzaron al contraataque, planteando de entrada, para ira del Gobierno, una demanda contra la firma calificadora que había avalado la solvencia plena de la emisora.
La exposición de motivos señalaba que, ponderadas en la calidad otorgada a la firma en aval de la emisión, la fortaleza de ésta; sus centenares de tiendas, asentadas la mayoría de ellas en terrenos propios; la alianza al 50 por ciento de la cadena con la mayorista Costco; la cadena de restaurantes California; los miles de locales en arrendamiento... hete aquí que el respaldo, la garantía de los certificados Bursátiles, la ofreció en estricto la controladora.
Y hete aquí que ésta, ¡válgame Dios!, sólo era dueña de las acciones de sus filiales, entre ellas una gran cantidad de inmobiliarias. Los activos eran propiedad de éstas.
Y aunque al final del día los acreedores de los papeles, a quienes patrocinó el abogado Carlos Dávalos, lograron que bajo el marco de la reestructuración de la deuda se lanzara una nueva emisión a título de canje, con nuevas garantías, entre ellas la macrotienda ubicada en Avenida Revolución, donde se ubican la oficinas del corporativo, además de la emblemática de Pilares, en la Colonia Del Valle, la mancha quedó para la historia.
De ahí, pues, la providencia de la Secretaría de Hacienda para evitar copias fieles del original.
En el intento de tapar el pozo tras el niño ahogado, se plantea exigir el máximo de rigor a los despachos de auditores externos que dictaminan la realidad financiera de las emisoras.
Más allá, exigir profundidad a las calificadoras en la revisión de la solvencia de quienes emiten papeles y, naturalmente, advertir claramente el grado de riesgo en operaciones sofisticadas ofrecidas por bancos extranjeros.
Borrón, pues, y cuenta nueva.
El problema es que el propósito de redención parece idéntico al que se planteó tras los escándalos desatados por los ex banqueros Carlos Cabal Peniche, Ángel Rodríguez Sáez, conocidos como "El Divino" o Jorge Lankenau.
¿Otra de vaqueros?
En lo que constituye el más formidable jaque al atraco que representaron para algunas firmas mexicanas las operaciones de alto riesgo con instrumentos financieros derivados promovidas por bancos extranjeros, el grupo Vitro está promoviendo ante la Corte de Nueva York la anulación de las operaciones realizadas.
De ganar el pleito la principal fabricante de vidrio de México se ahorraría 241 millones de dólares, aunque estaría dispuesta a cubrir "daños y perjuicios".
La exposición de motivos señala que las operaciones son ilegales al no estar reglamentadas por las leyes de Estados Unidos ni las de nuestro país.
Más aún, se señala que en su complejo mecanismo la posibilidad de ganancia gira toda a favor de las intermediarias, o si lo prefiere no hay opción de rentabilidad para las contratantes.
Ahora que el asunto coloca en la balanza la responsabilidad no sólo de quienes lanzaron el anzuelo, sino de quienes picaron, en la obligación de evaluar los riesgos.
El escándalo será de antología.
OTRA DE LA MAESTRA
Sorpresivamente la Suprema Corte de Justicia le dijo no a la posibilidad de atraer una solicitud de amparo planteada por Televisión Azteca contra los acuerdos tomados en una asamblea de accionistas de la Televisora del Valle de México, quien mantenía la concesión del canal 40 de la televisión abierta, al considerarla espuria.
La reunión fue convocada por el presidente de la firma, Javier Moreno Valle, cuando ya no tenía derecho a ello. Más aún, su firma fue falsificada en la convocatoria.
Lo inaudito de caso es que ante el rechazo del máximo tribunal del país para atender el asunto, el décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil que encabeza Víctor Hugo Díaz Arellano, se apresuró a enlistarla para su desahogo.
El fast track permitirá ventilarlo mañana mismo. Lo inaudito del caso es que detrás de la prisa está la mano negra de la lidereza del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, vía sus operadores Jaime Arturo Vázquez Aguilar y Miguel Ángel Jiménez, este último ex director de la Lotería Nacional. La maestra ha sido protectora por años de Moreno Valle, quien huyó del país tras una acusación por fraude fiscal.
