La 35 Zona militar en Chilpancingo ordenó la detención de 11 elementos militares, entre ellos un oficial, por estar involucrados presuntamente en la muerte a golpes del joven Juan Alberto Rodríguez Villa y de lesionar a su amigo Francisco Javier Martínez, hechos ocurridos hace cinco días en la comunidad de Tlacotepec, Guerrero.
El comandante Roberto de la Vega Díaz. de la 35 Zona Militar, con cede en la capital del estado, acudió ayer lunes a Tlacotepec, cabecera del municipio de Heliodoro Castillo, a una reunión con las autoridades municipales y familiares de Juan Alberto, presuntamente asesinado por militares, así como de Francisco Javier Martínez, quien resultó herido por una golpiza ese mismo día y anunció la detención.
La reunión se desarrolló en un clima de zozobra por la manifestación de los habitantes, quienes se mantuvieron en las puertas del ayuntamiento con pancartas exigiendo justicia y la presencia de los militares que acompañaron a De la Vega.
Originalmente, el encuentro del general de brigada, diplomado del Estado Mayor, con las autoridades de Tlacotepec y los familiares de la víctima se esperaba desde el domingo pasado aunque se concretó hasta las 11:00 horas de la mañana de ayer lunes.
De la Vega Díaz aseguró a la familia Rodríguez Villa que 11 efectivos del 50 Batallón de Infantería, con sede en Chilpancingo, entre ellos el teniente José Manuel González Gómez, fueron detenidos para deslindar responsabilidades de la acusación en su contra.
Indicó que, según lo contado por los militares involucrados, hace cinco días estos regresaban de destruir un sembradío de amapola, cuando al salir de Tlacotepec se toparon con un auto Volkswagen tipo Beattle, presuntamente robado, y sus ocupantes, en este caso la víctima y su amigo Francisco Javier Martínez, al percatarse de la presencia de los soldados huyeron.
De acuerdo con esa versión, durante la huída el auto compacto chocó, causando la muerte de uno de los tripulantes y después de ello, los militares regresaron a Chilpancingo.
El general aseguró que no va a proteger a delincuentes ni a asesinos y pidió a los familiares de la víctima que recaben toda la información de los hechos y presenten los testigos ante el Ministerio Público.
El agente del Ministerio Público Militar, el mayor Francisco Javier Martínez, quien acudió al encuentro, advirtió que de no presentar los cargos correspondientes en los plazos que marca la ley los presuntos culpables quedarían en libertad.
Los familiares del joven asesinado exigieron al general justicia y una investigación transparente.
