En un evento que tuvo lugar en el Campo Marte el lunes pasado, el presidente Felipe Calderón Hinojosa se reunió con líderes de veinticinco organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran algunos organismos empresariales.
La reunión que tuvo como método el Diálogo y como tema la Seguridad, la propuesta Presidencial se centró en la necesidad de cerrar filas Estado y Sociedad y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, como condición indispensable para que la lucha contra el crimen organizado rinda los frutos que correspondan a la gravedad del reto y a la magnitud del esfuerzo.
Por lo que hace a la participación de los organismos sociales, destaca la solicitud de un diálogo a nivel nacional para debatir el tema de la legalización del uso de drogas, a cuyo debate el Presidente se mostró abierto, no tanto en un sentido de simpatía y apoyo, sino en señal de apertura frente a una petición ciudadana concreta que como tal debe ser atendida.
No es la primera vez que el tema de la legalización del uso de drogas para efectos no medicinales y que por tanto debe considerarse en el terreno de la experiencia sensorial para efectos de simple diversión, tiene lugar. En los últimos tiempos han sido notables las iniciativas de los ex presidentes de México Ernesto Zedillo y de Colombia César Gaviria, quienes en diversos foros internacionales han pedido se considere la alternativa de la despenalización en el tema de que se trata.
El inconveniente es que ninguno de estos personajes justifica haber sido omisos de promover semejante iniciativa durante su respectiva gestión, en el lugar y momento en que cada uno de ellos tuvieron el poder político para promover la legalización de las drogas. Otra cuestión que debilita a esta postura alternativa y hace dudar de su seriedad, es que ninguna de ellas presenta una propuesta en forma en sus detalles, que permita prevenir su impacto en la vida social.
Lo cierto es que los riesgos que plantea la legalización de las drogas, asociada a una contracultura de evasión frente al vacío existencial en que está sumida una gran parte de nuestra sociedad, implica que su consumo se considere socialmente aceptable y que como consecuencia se incremente el referido consumo especialmente entre los jóvenes.
Con independencia de lo pertinente que resulte abordar y agotar el diálogo sobre el particular, lo cierto es que la legalización de las drogas implica en sí misma la derrota cultural de la sociedad frente al fenómeno del narcotráfico como remedio para el vacío existencial referido con antelación, y como tal no constituye una solución sino la claudicación frente a un enemigo pernicioso.
La legalización del consumo de drogas por parte del Estado, obliga a éste a responsabilizase de la atención médica asistencial a las personas que resulten afectadas en su salud física o mental, con motivo del consumo de estupefacientes una vez que éste resulte permitido. Lo anterior exige que se instrumente toda una política en torno al comercio de drogas que incluye el campo de la recaudación fiscal, que compense el gasto social respectivo, lo que plantea de nueva cuenta la necesidad de combatir la evasión y nos regresa al camino de la persecución de los delitos resultantes y eventualmente a una nueva espiral de violencia.
La mejor prueba de que la legalización no garantiza la desaparición del mercado negro la encontramos en ejemplos tan simples como los que ofrece la piratería que abarca los más diversos campos, desde la venta ilícita de ropa de marca, hasta la de material de audio, video y de toda forma de tecnología.
Nuestra sociedad no recuperará la paz perdida por la agresión que sufre por parte del crimen organizado, hasta que los mexicanos seamos capaces de generar un acuerdo de convivencia y gobernabilidad que por el momento está muy alejado de la mayor parte de los actores políticos de nuestro país, obsesionados en la lucha por el poder a cualquier costo.
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