En lo que apunta a otro conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, en este caso el Congreso de Baja California Sur, cuyo punto final lo definiría la Suprema Corte, está a punto de promulgarse una Ley que, según la Cámara Minera de México, afectará la posibilidad de multimillonarias inversiones en el ramo.
Concretamente se habla de seis empresas extranjeras, canadienses en su mayoría, que estaban en línea para explotar sendas minas en la parte más agreste de la península que el escritor Fernando Jordán calificara como "el brazo descarnado de México".
La manzana de la discordia es una Ley del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente aprobada por el Congreso de Baja California Sur, que prohíbe la operación de minas a cielo abierto cuando se afecte el equilibrio ecológico.
Más al detalle, el punto fino de la legislación que está en lista de espera para su promulgación por parte del gobernador Narciso Agúndez Montaño, es la prohibición de uso de explosivos para una rápida extracción de los metales preciosos.
En paralelo, se cancela la posibilidad de instalar plantas nucleares para producción de energía eléctrica en la entidad federativa.
La iniciativa aprobada, calificada de vanguardia por los grupos ecologistas nacionales e internacionales, tiene sustento, en el primer caso, en lo ocurrido en San Luis Potosí, donde una firma canadiense ha provocado la destrucción de un cerro colindante a una población cercana a la capital.
La empresa, conocida como Minera San Javier, extrae el oro de las entrañas del promotorio a base de estallar cartuchos de dinamita, lo que ha provocado el resquebrajamiento de construcciones consideradas patrimonio nacional. Ya una iglesia del siglo XVII, como el edificio donde se asientan los poderes.
De hecho, el histórico Cerro San Javier está ya en calidad de queso gruyere.
Una vez extraído el metal, se utiliza cianuro para limpiarlo, cuyos residuos se van al subsuelo.
En el caso de las plantas nucleares, hasta hoy la instalada en Laguna Verde, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, no ha ofrecido certeza plena de seguridad de cara a la población.
El caso es que, de acuerdo a los opositores a la legislación, el Congreso de Baja California Sur asumió facultades propias de la Federación, dado que el Artículo 73 de la Constitución señala en su fracción X que corresponde al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre la minería, los explosivos y la energía eléctrica y nuclear.
De hecho, la Secretaría de Economía es la que regula la actividad, es decir, otorga los permisos para explotación del subsuelo, en tanto en el papel la del Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene derecho de veto frente a empresas que pudieran afectar el equilibrio ecológico.
Sin embargo, la actuación de una y otra ha sido laxa en el caso de la mina a cielo abierto de San Luis Potosí, quien lleva ya tres años en la impunidad, pese a suspensiones temporales ante la carencia de aval de la Procuraduría del Medio Ambiente.
El escándalo ha traspasado las fronteras.
Por lo pronto, la disyuntiva frente al ordenamiento calificado de agresivo para la inversión nacional y extranjera, plantea un escenario en que los gobiernos locales no pueden protegerse contra la depredación de su entorno ecológico, o la necesidad del país de inversión productiva está por encima de la soberanía de las entidades federativas.
Naturalmente, el primer paso a dilucidarse es si las prácticas de extracción de metales preciosos que realizan firmas extranjeras en el país está permitido en sus propias naciones de origen.
¿Barbarie a cambio de inversiones?
BALANCE GENERAL
Finalmente, bajo el pragmático De-lo-perdido-lo-que-aparezca, los tres sindicatos de Mexicana de Aviación doblaron las manos ante la oferta del banco de desarrollo TC Capital, aceptando, de entrada, el desmantelamiento de sus Contratos Colectivos de Trabajo, además, naturalmente, de la reducción del 65 por ciento de su plantilla.
En el caso de los afiliados a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, los despidos alcanzarán 930, de un total de mil 460.
En el de los afiliados a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la nómina se reducirá de 779 a 280.
En el del personal de tierra, saldrán dos mil 500 trabajadores.
De acuerdo al "Proyecto de Convenio para el Arranque de Operaciones de la Compañía Mexicana de Aviación", la liquidación de la totalidad de los trabajadores se dará en tres etapas: una inmediata, otra en especie, es decir otorgándose acciones de la compañía, y la tercera en siete anualidades.
Adicionalmente, el nuevo Contrato Colectivo no podrá revisarse en seis años, lo que implica la congelación de los salarios en el lapso.
Lo inaudito del caso es que el esquema colocado en la mesa sólo enfrentaba una disyuntiva: La tomas o la dejas, es decir PC Capital o quiebra, dado que no se permitió a las otras dos empresas oferentes explicar sus propuestas a los trabajadores.
DENUNCIAN A AENA Finalmente, ante la pasividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes frente a la flagrante violación a la Ley que representó la llegada de la firma española Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, como socio del Grupo Aeroportuario del Pacífico, la socia mexicana de éste, Controladora Mexicana de Aeropuertos, presentará una demanda civil.
De acuerdo a los ordenamientos en vigor, ningún Gobierno extranjero puede participar en la actividad aeroportuaria, dada su condición de estratégica para la seguridad nacional.
Y hete aquí que AENA tiene como socio mayoritario al Gobierno español.
En paralelo a la demanda, el Senado emitirá un punto de acuerdo para exigir a la propia SCT clarificar las razones de su mano laxa, además de explicar las irregularidades en la operación del grupo aeroportuario, tras el intento de la propia AENA y la firma española Aventía de sacar del control a los mexicanos.
CONTRATO A INBURSA
A la callada, Pemex Exploración y Producción le acaba de asignar a Seguros Inbursa, una de las firmas del imperio de Carlos Slim, un contrato de 243 millones de dólares para cubrir hasta el 2017 la posibilidad de riesgo de 138 proyectos para perforación en aguas someras.
Estamos hablando del segundo contrato millonario pactado con la filial del grupo financiero Inbursa, tras negociarse una cobertura para infraestructura, que abarca desde la construcción de ductos hasta el traslado de plataformas.
En la pelea por el primer contrato aparentemente sólo compitieron Seguros Atlas y Grupo Mexicano de Seguros.
GANÓ BRASIL
De acuerdo a la empresa Siemens México y Mesoamérica, la ciudad más verde de América Latina se ubica en Brasil.
Estamos hablando de Curitiba, cuyo alcalde se llama Luciano Ducci.
La urbe está muy por encima de la media, de acuerdo a la firma Economist Itelligence Unit.
Ahora que por encima de la media, quitando el muy, están otras cuatro ciudades brasileñas: Belo Horizonte, Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo, además de Bogotá, la capital de Colombia.
Dentro de la media están tres ciudades mexicanas: la capital, Monterrey y Puebla, colocándose en contraste a Guadalajara muy por debajo de la media.
Albertobach
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