El homicidio del candidato a la gubernatura de Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú y sus acompañantes, pone de nueva cuenta el tema de la unidad nacional en torno a las instituciones democráticas, como alternativa en contra del crimen organizado.
El tema de la unidad nacional no quiere decir que debamos renunciar a nuestro sistema de tres niveles de gobierno, federal estatal y municipal o a la división del poder político en ejecutivo legislativo judicial, sino que las entidades generadas de la operación de tal estructura funcionen responsablemente y en equilibrio.
La unidad de los mexicanos, tampoco implica la renuncia a la rica diversidad de pensamiento y formas culturales que nos es propia, sino anteponer el bien común de la sociedad sobre los intereses particulares sean personales o partidistas.
La posibilidad real de lo anterior no depende de un fundamento ético racional cuya observancia está por hoy severamente cuestionada, sino de un elemental y básico instinto de conservación que como tal, podemos hallar en la mera vertiente animal de nuestra naturaleza humana.
El vivir como si la atención al problema del consumo de drogas y el combate al crimen organizado son un asunto exclusivo o personal del presidente Felipe Calderón, ha sido un grave error que se pone de manifiesto en el momento en el que el flagelo de la delincuencia golpea al ámbito político de los gobiernos estatales, como poderes emergentes de la realidad nacional que estamos viviendo y que hasta hace unos días se consideraban intocables.
En la medida en que el centro de gravedad del poder político real se desplaza de la federación a los estados, los gobiernos de los estados caen en la mira de la delincuencia organizada y se les ve como presa apetecible, para convertir la presencia de los cárteles en factor de control territorial absoluto.
En virtud de que el homicidio en comento ocurre en el marco de una elección que habrá de culminar el próximo domingo, se vincula con la inminente transferencia del poder en la Entidad Federativa de que se trata, en términos de la directriz adoptada por el CEN del PRI que cedió la institucionalidad estatutaria del tricolor para dejar en manos de los Gobernadores priistas actuales el proceso de sucesión en cada caso como si se tratara de un sistema feudal.
Sin embargo es de reconocerse que el problema del combate al crimen organizado como amenaza en contra de las instituciones es un tema muy anterior al presidente Calderón y los gobernadores actuales y aunque tiene raíces muy viejas, detonó en el homicidio de Luis Donaldo Colosio.
Desde los tiempos en que Ernesto Zedillo era presidente de la República, el Gobierno Federal emprendió una serie de medidas a partir de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la unificación de las policías federales, la coordinación de las policías de los estados mediante una política de homologación y la concurrencia de facultades en materia de combate al narcotráfico. La aplicación de las políticas públicas implícitas en las medidas antes mencionadas se ha ido posponiendo de manera irresponsable y hoy naufraga en el mar de la disputa por el poder.
En efecto, el tema de la unidad nacional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas por encima de los intereses particulares de personas, grupos o partidos es un discurso trillado, pero es el único camino frente a la anarquía y la barbarie.
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