El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) publicó recientemente los resultados de un estudio sobre los costos que implica la corrupción en nuestro país. La información derivada de los mismos resulta francamente lamentable.
Según el CEESP, las empresas mexicanas destinan entre un 7 y un 9% de sus ingresos en pagos ligados a la corrupción: desde sobornos a inspectores que nunca inspeccionan nada, hasta agilizar la obtención de permisos que sólo se requieren en este país, en ningún otro.
Ese porcentaje es equivalente a un billón (millón de millones) de pesos, y ya se imaginarán cómo impacta al Producto Interno Bruto el que esa cantidad, en vez de invertirse en generar empleos y riqueza, se vaya a los bolsillos de jueces, burócratas y otros elementos improductivos.
El CEESP afirma que entre un 70 y un 75% de las empresas mexicanas suele encontrarse entre la disyuntiva de untar con dinero algunas palmas de la mano, o esperar semanas o meses a que se les otorgue permisos o proceda un trámite. Entre el 10 y el 25% opta por dejarse ir por la ruta de la corrupción, con tal de agilizar las cosas.
Por supuesto, si no hubiera tantas normas y procedimientos absurdos, las cosas serían muy distintas: si no hay que pedir permisos, no hay que aventar dinero para que se me otorguen con rapidez. Si no he de hacer un trámite totalmente ocioso, no habrá que sobornar a nadie para que lo realice rápidamente. En esto, como en tantas otras cosas, el Estado es el principal obstáculo para el progreso de la Nación. Pareciera que su función fundamental fuera la de estorbar la creación de riqueza... y generar al mismo tiempo montones de empleos burocráticos, que no sirven para nada y están llenos de parásitos que viven de los impuestos de quienes sí trabajan... cuando los dejan.
Así pues, una asignatura pendiente para el país es acabar con la tramitología aguda y crónica que padecemos... y eliminar esos puestos de trabajo que consisten en estampar sellos a cambio de mordidas. Pero como eso alborotaría a los sindicatos mafiosos, nadie le quiere entrar al toro. Mejor seguir privilegiando a unos cuantos, y que el resto de la nación se pudra.
Pero además, el informe del CEESP apunta a algo que señalaban las conclusiones que, sobre seguridad, redactaron alumnos, profesores e investigadores del Tec de Monterrey, como respuesta a la ola de violencia en Nuevo León y el resto del país: que en México existe una cultura de la ilegalidad que, por extendida, conduce a una situación que favorece al crimen: si la mordida es lo normal, si el soborno es la única manera de que funcionen las cosas, entonces todo, y me refiero a cualquier aspecto de la vida cotidiana, se basa en pasar por encima de la ley. No nos asombre, pues, que haya quienes lo hagan con las armas en la mano. Si a lo largo de su vida jamás han visto que las reglas se respeten, ¿por qué habrían de hacerlo cuando tienen el poder que conlleva la violencia... y la impunidad?
