La Secretaría de Economía insiste en llevar hasta todas sus consecuencias el programa de desarme tarifario al que se ha consagrado siguiendo el proceso iniciado hace 25 años por el presidente Salinas de Gortari cuando entramos al GATT. Este año el arancel promedio ha bajado a 5.3%. A partir de 2011 el 95% de la industria quedará libre de arancel y sólo para algunos pocos productos agrícolas y agroindustriales habrá tarifas. En 2013 el promedio estará en 4.3%. Se trata de eliminar la protección arancelaria para casi toda la producción mexicana. Entre otros efectos, quedaremos sin fichas de negociación para nuevos Tratados Comerciales.
Es irónico que este severo programa de eliminar tarifas, permisos de importación y precios oficiales es la única política que existe desde que se instituyó la inusitada frase de que "la mejor política industrial es la que no existe". Tiene por declarado objeto forzar la competitividad de los productos agrícolas e industriales abaratándolos a niveles internacionales para el usuario nacional. Se parte del principio de que los artículos mexicanos siempre son caros.
A este respecto, habrá que comentar que tal circunstancia, cuando efectivamente existe, suele deberse a la carestía de los insumos mexicanos, sean físicos o institucionales, que el productor nacional obtiene aquí. Además de ello, las escasas escalas de producción obligan altos costos unitarios.
Ninguna de estas realidades se remedia abriendo fronteras a la competencia de artículos extranjeros. Por el contrario, los altos precios fijados por el Gobierno, de la electricidad, gas, combustibles, transportes, insumos primarios, podrían reducirse para hacer el producto final más barato.
A lo anterior se añade una densa madeja de inspecciones y permisos, resultado de apretadas regulaciones y requerimientos burocráticos de lento despacho que asedian al productor desde los bastiones municipales, estatales y federales.
Sujeto así, de pies y manos, librar al productor a la feroz competencia internacional es una medida perversa además de inútil.
Los insumos industriales que provienen, a su vez, de nuestros productores nacionales, son con frecuencia más caros que los de importación. Esto no justifica la apertura de las puertas a la competencia de fuera. Esta supuesta solución en realidad impide que el productor nacional de los insumos y componentes cuente con la demanda para que alcance los niveles de escala que le permitirían abaratar la oferta que hace a sus clientes del siguiente eslabón de la cadena productiva. Es precisamente el fortalecimiento de éstas lo que ha sido el incesante discurso de las autoridades en los años recientes.
No haber sido ni constantes ni consistentes en este propósito de integrar la estructura productora nacional nos condenó a quedarnos en el capítulo de maquila y armado, antesala de la verdadera industrialización. Las ensambladoras, dinámicas creadoras de empleos, generaron el engaño de abocar a una poderosa industria. La apertura prematura de las fronteras interrumpió este propósito y fue el paso atrás que consolidó el estado maquilador en el que actualmente nos encontramos.
Al menos el 60% y, en algunos casos más, de integración de los productos finales que ofrecemos a nuestros mercados es de insumos importados. Este porcentaje es producido fuera de México sustituyendo puestos de trabajo aquí.
Es necesario insistir en la creación de empleos para resolver la dolorosa sangría de nuestra mejor mano de obra para ir solucionando el macro crecimiento de nuestro sector urbano donde verdaderas multitudes de jóvenes desamparados y sin ocupación ya ni siquiera se dirigen a la economía informal, siempre más productiva que la peligrosa ociosidad que aboca en las violencias que vamos ya experimentando.
No podemos engañarnos a creer que se pueden desvincular las políticas de Comercio Exterior de las de Desarrollo Socioeconómico. Puestas en la balanza, son éstas las que tienen que prevalecer.
La evolución económica impone su ritmo de acuerdo con las exigencias y circunstancias que en ella convergen. La competitividad de los productos mexicanos, sean agrícolas o industriales es parte de esa evolución. Pretender forzarla antes de tiempo es inútil, ya que no es el resultado de una decisión oficial sino de un proceso complejo integrado por los costos de producción tal y como se presentan al agricultor o industrial y de los insumos estructurales de la economía y el desgaste que representan los reglamentos y permisos que lo afectan.
Algunos de estos costos como los servicios públicos y el exceso de trámites, se irán resolviendo en la medida que haya genuina voluntad, posibilidades y terquedad por parte de las autoridades. Por eso no es válido que, sin haber hecho su tarea, la autoridad suponga que con quitarle la preferencia o protección de que debe gozar para consolidarse, el productor nacional actúe como si el marco institucional de referencia estuviera cabalmente solucionado.
Por otra parte, el que el Gobierno abra la frontera a los componentes e insumos extranjeros alegando que así abarata el proceso de producción tiene el efecto contrario, puesto que con ello se impide que tales insumos puedan producirse a las escalas de producción que las hagan costeables y competitivas.
Lo equivocado de la desgravación que desconsidera y atropella circunstancias no sólo es lamentable por el atraso que impone a la planta productora nacional, creyendo acicatearla, sino lo que es mucho más grave, limita seriamente su capacidad de crear los empleos que ahora tanto urgen cediendo a otros países esos trabajos que aquí se necesitan.
La medida es tanto o más desacertada que, cuando hace algunos años se alentó intencionadamente la operación maquiladora que redujo al trabajador mexicano al simple ensamble de piezas hechas, no por él, sino en el extranjero.
Hay algo más. La Secretaria de Economía supone que alentar la importación de productos, sean terminados o meros insumos, beneficia a la industria nacional. En realidad lo que auspicia es el interés de los proveedores del exterior en nuestro mercado, cerrando oportunidades de creación o expansión de empresas mexicanas y favoreciendo la extranjerización progresiva de nuestra economía.
