Cuando en políticas públicas los resultados no se dan, es necesario revisar y cambiar lo que esté mal. Los gobernantes necesitan humildad para aceptar errores y dar golpes de timón, lo cual pocas veces sucede porque se antepone el capital político al beneficio que se pueda generar a favor de los ciudadanos.
En diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón anunció una guerra contra el narcotráfico, justificada bajo el lema de que la confrontación era necesaria “para que las drogas no llegaran a nuestros hijos”. A casi cuatro años del inicio del mandato de Calderón, los datos duros demuestran que apostarle sólo al uso de la fuerza no ha dado los resultados deseados, por el contrario, el índice de consumidores de droga ha aumentado en forma alarmante.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2002 a 2008 se han sumado un millón más de jóvenes consumidores de marihuana y un millón 300 mil de cocaína. Estas cifras indican que el porcentaje de consumidores de marihuana de entre 14 y 21 años se incrementó de 3.5 a 4.2 y en el caso de los de cocaína se duplicó de 1.2 a 2.4 por ciento.
Las cifras demuestran que las drogas continúan llegando a “nuestros hijos”, y por el contrario el clima de inseguridad generado por una guerra que parece no tener pies ni cabeza, ha cobrado la muerte de decenas de civiles y secuestrado la tranquilad de miles de ciudadanos que ya no se sienten seguros ni en sus casas.
Los últimos meses la violencia ha alcanzado niveles inéditos en la historia moderna de México, y a pesar de que cada vez son más las voces que llaman a Calderón a modificar la estrategia, el Presidente parece no escuchar a nadie. Por el contrario, prefiere compararse con el cura Miguel Hidalgo y volver a lanzar gritos de guerra frente a una población que vive con miedo.
Cambiar de estrategia no significa no enfrentar al crimen organizado como lo quiere hacer creer el Presidente en sus discursos, por el contrario se trata de buscar soluciones integrales al problema, donde el narcotráfico además de ser visto como tema de seguridad, también sea visto como un problema de salud pública e incluso de economía y de falta de oportunidades, ya que muchos son los que ingresan al crimen organizado ante la falta de una buena educación y un trabajo bien remunerado.
Cuatro años después, la gente no se siente más segura ni tampoco el consumo de drogas ha disminuido, ¿no son éstas, razones suficientes para que el Gobierno Federal analice que está mal y modifique la estrategia para obtener mejores resultados? Al parecer no, y es que se teme al costo político que significa el reconocer un error en la famosa lucha contra el crimen organizado.
