D Urante los últimos nueve años, he estado cerca de más de 400 familias que han sufrido algún tipo de secuestro. En su gran mayoría, no quieren venganza ni personal ni del Estado; lo que exigen es reparación del daño, justicia y que otras personas no sufran lo que ellos ya sufrieron.
Combatir el secuestro es un reto nacional para todos los niveles de gobierno. La iniciativa de Ley General Antisecuestro enviada por el presidente Felipe Calderón al Congreso responde a uno de los 76 puntos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad, celebrado en agosto de 2008. Se trata de una ley de aplicación federal que comparte responsabilidades entre los diferentes niveles, entre Federación y estados. No que se federalice el delito, eso está claro. Pero necesitamos más, una visión integral para enfrentar este infame crimen. No basta con un enfoque legal.
Con ésta ya suman 14 iniciativas en manos de nuestros legisladores con respecto al secuestro. La propuesta de realizar un foro en el Senado a principios de marzo es una oportunidad para escuchar a los especialistas y a las organizaciones de la sociedad civil para enriquecer el proyecto de ley. Sin duda, es fundamental que se incluya la perspectiva social y la de las víctimas.
Habrá un amplio debate en el que deben participar expertos en el tema, autoridades que trabajan día con día, como son policías, ministerios públicos, jueces y organizaciones civiles para lograr que la iniciativa que se apruebe sea la más conveniente, la que dé mejores instrumentos a las autoridades y mayores beneficios a la sociedad, pero al mismo tiempo, contenga los candados para evitar abusos.
Entre los puntos más destacables de la reforma es que incluye acciones de prevención en conjunto con varias organizaciones de la sociedad civil, reparación del daño y apoyo a las víctimas, embargo de bienes, sanción a los negociadores privados que lucran con el dolor de las familias, la intervención telefónica, operaciones encubiertas, informantes anónimos, creación de unidades especiales para prevenir secuestros.
También una coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la unificación de las legislaturas locales en el combate al secuestro, este último punto muy importante porque a veces pareciera que las víctimas vivieran en distintos países cuando se trata de este delito.
Los expertos jurídicos deberán estar pendientes sobre cómo se va construyendo la ley, porque hay puntos muy controvertidos como la flexibilidad de los métodos intrusivos de investigación, la llamada cadena perpetua y el etiquetamiento de los secuestradores (y por tanto de su entorno) luego de cumplir una condena.
Quienes han estudiado el tema de delincuencia saben que un delincuente no tiene una visión de vida a largo plazo, para delinquir sólo evalúa el riesgo de ser detenido, no el número de años en la cárcel. Por esto llama la atención que quienes han presentado estas iniciativas sigan insistiendo en querer acabar con los delitos poniendo énfasis en subir las sanciones y no en las iniciativas en contra de la impunidad y la corrupción. Será porque resulta más fácil prometer mano dura que hacer los cambios de fondo que se necesitan para prevenir y combatir de manera más eficiente el delito.
Durante los últimos 10 años, los legisladores se han dedicado a subir las penas de forma indiscriminada, como una respuesta al enojo social y los delitos en lugar de bajar, suben. Es injusto que nuestros gobernantes quieran hacernos creer que con penas más altas y con prisión vitalicia esto se vaya a solucionar.
Hoy lo importante es que los legisladores tomen este tema como una prioridad y se comprometan a llegar a un acuerdo durante este periodo legislativo. Que no haya pretextos coyunturales ni electorales para posponer los cambios que se urgen.
Celebro que por fin este tema esté en la antesala de su aprobación. Mucho tiempo ha estado pospuesto y no merecemos como sociedad dejar en el tintero asunto de vital importancia y alto impacto en la calidad de vida de los mexicanos. Pero también estoy convencida de que la ley no es suficiente.
Por más leyes que se promuevan, si no se revisa y se mejora el trabajo de los ministerios públicos y de los jueces, continuará la corrupción y la impunidad. Se detienen miles de personas relacionadas con el delito de secuestro y este esfuerzo no conduce a procesos efectivos que castiguen a los delincuentes.
Por mi experiencia, no me cabe la menor duda de que lo único que puede hacer la diferencia y cambiar nuestra situación actual, es la participación de los ciudadanos. El cambio no vendrá por nuevas leyes. El único factor para transformar México es lo que cada uno puede hacer por su país para mejorarlo. Los legisladores tienen responsabilidad de aprobar mejores leyes, los ciudadanos también tenemos nuestra responsabilidad: construir una sociedad más participativa que cuide nuestra vida en común.
María Elena Morera es activista ciudadana, ex presidenta de México Unido contra la Delincuencia.
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