En días pasados, resurgió en el Congreso federal, el tema de si los legisladores, gobernantes y altos funcionarios de la Federación y los estados, deben tener fuero constitucional.
Pero más que nada, el debate se centra en el fuero de los legisladores.
Debemos puntualizar que: "La finalidad de esta prerrogativa es permitir que los diputados y senadores puedan desempeñar sus cargos con libertad, independencia y sin presiones".
Además, esta institución es muy antigua, pues apareció por vez primera en Inglaterra en el siglo XVI, aunque se consagró en definitiva años después, en ese mismo país.
Existe en todos los sistemas del mundo y en el caso de nuestra Constitución fue aprobado, el Artículo 61 que lo consagra, en el Constituyente de Querétaro, sin discusión por 157 votos a favor.
Su finalidad es pues poner a cubierto a los legisladores de cualquier acción que tendiera a acotar su actividad legislativa y protegerlos de los ataques de los otros poderes.
Pero el fuero no es omnipotente ni ilimitado. Sólo protege a los legisladores de posibles delitos que pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones; y como la función del legislador se ejerce hablando u opinando, no pueden ser perseguidos por delitos como el de difamación, calumnias o injurias, que son los que se cometen mediante la palabra.
Es aquí donde se equivocan los que quieren hacer un uso abusivo de esta institución, porque pretenden extenderla a todos los actos de la vida del legislador y ello es incorrecto.
La Suprema Corte acaba de emitir una resolución en donde delimita el alcance del fuero, por lo que no hay razones para malentenderlo.
Sin embargo, nunca falta el diputado o senador que se quiere pasar de listo y apela al fuero hasta para no pagar las deudas de Cimaco.
A este respecto, recuerdo un par de anécdotas de las que fui testigo cuando fungí como presidente del Congreso de Coahuila.
Por aquellos días, la Policía Municipal pescó a un diputado, cuyo nombre omito por razones obvias, queriéndose robar una llanta en un negocio citadino.
Fue detenido infraganti y cuando lo tomaron preso, él sólo gritaba que: "Era diputado y no lo podían detener". No le valió el alegato y lo remitieron a la agencia del MP, donde logró su libertad pagando lo sustraído y una multa.
Cuando me enteraron del hecho, algunos compañeros querían elevar una protesta alegando que se había violado el fuero del diputado, a lo que me negué explicando que para eso no le alcanzaba esa institución y que mejor así lo dejáramos, porque se iba a hacer más escándalo en perjuicio del diputado.
Otra vez, a un diputado le embargaron el sueldo por alimentos (no le pasaba dinero a su ex esposa) y sus compañeros pretendían que nos opusiéramos a la medida porque aquél tenía fuero. Hubo necesidad igualmente de explicar que para eso no servía el fuero y que lo correcto era que arreglara sus asuntos personales cabalmente, porque además, resultaba infamante no pagar esas deudas.
El fuero tiene alcances precisos que su titular no debe rebasar y eso les debe quedar muy claro a quienes gozan de él.
Pero a mi juicio, el fuero no debe desaparecer, pues el que haya abusado de una institución no tiene que implicar su desaparición.
Para que un legislador pueda desarrollar su función con tranquilidad y libertad debe estar protegido por el fuero; y no se diga si se trata de altos funcionarios de la Federación o los estados.
Si esto no fuera así, estoy seguro que, por ejemplo, los del PRD, traerían asoleado con demandas y denuncias al presidente de la República y éste, por andarse defendiendo de ellas descuidaría sus importantes funciones.
Ningún parlamento, congreso o asamblea legislativa, prescinde del fuero de sus integrantes, porque están conscientes que se necesita para realizar un buen trabajo a favor del pueblo.
En nuestro caso se ha tornado odioso por el uso indebido que de él hacen algunos legisladores, por lo que lo correcto es acotarlo o aclarar su sentido, pero no desaparecerlo. Tan esto es así, que en el proyecto de don Venustiano Carranza, se establece el siguiente alegato:
"El Artículo 61 del proyecto de reformas que establece la inviolabilidad de los senadores y diputados por las manifestaciones de sus opiniones en el desempeño de sus cargos, es un precepto universalmente admitido, por estar vinculada en él la garantía de que los representantes del pueblo puedan proponer toda clase de modificaciones a las leyes existentes. Pues si esta inviolabilidad no existiera cuando un diputado proponga que se reforme una Ley y, al efecto, censure la existente, podría en algún caso tomársele como trastornador del orden público y apologista de un delito. Así pues, la función legislativa requiere la más completa libertad de los diputados y senadores".
En esos términos simples y llanos, el primer jefe justificaba ante el Constituyente la necesidad del fuero y éste fue aprobado sin discusión y por abrumadora mayoría.
Debemos aclarar que si un legislador difama o calumnia, en otro ámbito que no es el del ejercicio de sus funciones, sí puede ser denunciado. Pero si es dentro de ese ejercicio, nunca podrá ser reconvenido, ni durante el tiempo de su encargo ni después de él.
Para poder obligarlo a que responda por su conducta ante las autoridades competentes, cuando se trate de otros delitos, primero debe la cámara, llevar a cabo la "declaración de procedencia", que es el procedimiento para quitarle el fuero y dejarlo en libertad de responder por su conducta.
De los últimos casos que se han dado de estos procedimientos, está el de Andrés Manuel López Obrador, del que luego se desistiría la PGR y todo quedaría en un intento por impedir su participación en las elecciones a presidente de la República.
Pero insistimos, el fuero debe preservarse si deseamos tener instituciones democráticas y eficaces.
Por lo demás: "Hasta que nos volvamos a encontrar que Dios te guarde en la palma de Su mano".
