S On decenas de miles los mexicanos, no importa si traficantes o inocentes, los que han pagado con sus vidas la guerra que el presidente Calderón declaró contra las mafias de narcotraficantes. Hoy menudean felicitaciones del Gobierno norteamericano acompañadas de un vacilante y condicionado Plan Mérida. Pero cuando mueren norteamericanos, como es el caso de la muerte de los tres mexicano-norteamericanos relacionados con el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, entonces la indignación de Washington se incendia y cae sobre nosotros un despliegue de altos funcionarios ansiosos de congraciarse con su opinión pública y hacer méritos electorales.
No se vale.
La responsabilidad histórica norteamericana tiene paralelos con la de la Gran Bretaña, que a fines del Siglo XIX desató el drama de la Guerra del Opio en China que costó millones de vidas y dejó llagas que emponzoñaron las relaciones entre oriente y occidente hasta nuestros días. La diferencia está en que en aquella ocasión eran los comerciantes de drogas los que llevaron al Gobierno británico a librar una inicua guerra de conquista y obligar a un débil Gobierno de Pequín a firmar ignominiosos tratados comerciales. Hoy es el Gobierno mexicano el que intenta extirpar los daños de las mafias.
Nadie puede desaprobar la valiente lucha que por primera vez el Gobierno de México libra frontalmente contra el vasto imperio de las drogas que se enquistó en las estructuras de nuestra sociedad y que de no detenerse seguirá infiltrándose a nuestra niñez y juventud. Lo que no puede perderse de vista es la responsabilidad netamente norteamericana que desde hace años es el principal consumidor de droga del planeta.
Los hechos son claros. El consumo ha aumentado consistentemente en ese país. Los estudios registran una ligera baja en el consumo de drogas entre sus jóvenes y adolescentes pero hay más de dos millones de presos en ese país por crímenes relacionados con los narcóticos. Las autoridades norteamericanas afirman que han destinado fuertes cantidades de dinero para campañas de readaptación. Pero los Estados Unidos siguen siendo el mercado más importante del mundo que absorbe mucho más de la mitad de la producción mundial proveniente de Asia y América Latina. La avidez de los adictos norteamericanos sigue insaciable.
Ni México ni ningún país puede poner remedio a esta situación sin una valiente acción directa del Gobierno norteamericano. El ataque frontal al consumo de narcóticos es su responsabilidad. Así como México no puede actuar en territorio ajeno, tampoco permitiríamos intromisión en el nuestro. Las conversaciones que están en marcha el próximo martes 23 de marzo a nivel de secretarios de Estado y jefes de la seguridad de ambas naciones, no tendrán efecto si no hay por parte de los Estado Unidos, un compromiso tan tangible como ellos esperan de nosotros en tres materias.
En primer lugar, acción comprometida en una campaña seria y efectiva de disuasión de consumo de drogas. En segundo lugar, una acción eficaz para impedir la salida de armas hacia el territorio mexicano. En tercer lugar, el financiamiento fluido y suficiente para dotar a las fuerzas del orden público mexicano, incluso las militares, de los equipos necesarios para hacer frente a los altamente perfeccionados que usan las mafias.
Los Estados Unidos están acostumbrados a requerir de México acciones específicas y esperan que para ello adaptemos todas nuestras estructuras a su conveniencia. El que los norteamericanos sean los que han originanado el problema hace que los términos reales de la relación sean precisamente al revés. No es aceptable, por ejemplo, que Estados Unidos diga a México que sus leyes internas y que su peculiar y anacrónico concepto del derecho constitucional a poseer y usar armas de todo calibre les impida dar solución del problema, una y otra vez denunciado, del contrabando de armamento que hacen las mafias.
La gravedad del problema exige solución y no las evasivas con que Estados Unidos ha correspondido al tremendo sacrificio que vive a diario arruinando perspectivas locales de desarrollo, inversiones y oportunidades de turismo. La violenta pérdida de sólo tres vidas norteamericanas, comparadas con las miles de mexicanos, que detona que el Gabinete de Seguridad de Obama súbitamente interrumpa su agenda para venir a México en estos días, de ninguna manera debe permitirles entender que llegan para imponernos nuevas condiciones reiterando que México es responsable de la criminalidad que ahora tanto les hiere. Es México al que corresponde exigir que ellos pongan los remedios torales que pretenden esquivar con dudosos ofrecimientos de dinero.
Nosotros no estamos para dar lecciones de ética y moralidad al pueblo norteamericano. Las pérdidas de vidas que, por ahora son nuestras, pronto habrán de sufrirse entre los norteamericanos a medida que las mafias se extiendan en su país. La guerra tendrá inevitablemente que seguir en el territorio de Estados Unidos para satisfacer el insaciable apetito de sus narcoadictos usando las mismas armas de todo tipo que ya no se dirigirán al sur, sino que se quedarán allá para ser usadas por las mafias cuyas sangrientas batallas se trasladarán a los Estados Unidos.
