El justo medio
En México seguimos sin encontrar el término medio adecuado entre la protesta social y los derechos de terceros. La decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia el 30 de junio de otorgar un amparo liso y llano a los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que estaban en la cárcel purgando penas de entre 30 y 112 años de cárcel por secuestro equiparado lo demuestra.
Para los miembros del frente el fallo es un respaldo inequívoco no sólo a su inocencia por ese delito, por el cual se les impusieron penas excesivas, sino a sus tácticas de acción. Esta organización, que se caracteriza por blandir machetes en sus manifestaciones, ha optado por bloquear carreteras y retener a funcionarios como rehenes mientras hace sus exigencias a la autoridad.
En los países avanzados se suele garantizar sin chistar la libertad de expresión y la de manifestación. Pero no se permiten los bloqueos de carreteras o calles, ni el establecimiento de plantones permanentes, ni mucho menos la privación ilegal de la libertad de funcionarios o policías.
En México, donde por mucho tiempo tuvimos restricciones importantes a la libertad de manifestación, hemos virado ahora a la posición completamente opuesta. Cualquier grupo político tiene el derecho de tomar las calles, las carreteras o los lugares públicos que quiera, aunque con ello viole los derechos de terceros al libre tránsito o a la realización de una actividad económica legítima.
El resultado es cada vez más dañino para el país. El gobierno de Oaxaca, por ejemplo, considera ya inevitable que el sindicato de maestros suspenda clases todos los años durante periodos prolongados y que además establezca plantones en el centro histórico que paralizan la vida de la ciudad. Miles de empleos se han perdido como consecuencia de estas tácticas. Oaxaca tiene en consecuencia uno de los niveles educativos más bajos en el país.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco ha optado por tácticas similares y ahora tiene luz verde de la Suprema Corte para seguir. Pronto llegará el momento en cualquier actividad económica será imposible en México ante los cierres de vías de comunicación, plantones o retenciones de funcionarios por parte de organizaciones que tienen algún agravio o que buscan imponer sus políticas e ideas sobre todo el país.
La pobreza de México la imponen los propios mexicanos, y es en buena medida producto de esa incapacidad de activistas, políticos y jueces para entender la necesidad de alcanzar un justo medio.
Es muy claro que hay que respetar el derecho a la libertad de expresión y a la de manifestación. Es inaceptable regresar a los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y su represión violenta de manifestaciones pacíficas. Pero esto no significa que los derechos de los líderes políticos deben pesar más que los del resto de los ciudadanos. Un Estado que no garantiza la libertad de tránsito o la de realizar una actividad económica lícita para proteger solamente el derecho de manifestación de políticos y activistas está condenando su desarrollo económico.
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