Hace unos años los estudiosos de las democracias enfatizaban la importancia decisiva de las instituciones. Discutían con vehemencia el efecto de tal o cual sistema electoral, de este o aquel régimen de gobierno. En la definición de los alicientes y los castigos estaba la clave de la estabilidad y la eficacia de un gobierno. Se ofrecieron argumentos y pruebas para sostener que el régimen presidencial era prácticamente incompatible con el pluralismo. Otros salieron a la defensa de ese arreglo proponiendo una serie de variaciones. No era necesario mudarse definitivamente al edificio parlamentario sino hacer adaptaciones puntuales al mecanismo presidencial. No importan aquí las razones y las pruebas de este debate sino la solidez de aquella confianza: las instituciones definen el éxito o el fracaso de un sistema pluralista. El acierto en el diseño era la clave.
Hoy los mismos estudiosos se distancian de aquella fe. Las instituciones, por supuesto, importan. No puede pensarse que las reglas del juego sean irrelevantes. Pero parece construirse en estos tiempos una coincidencia académica producto de la experiencia internacional. Tras la última oleada democrática de fines de los años ochenta, no puede decirse que un paquete institucional sea inequívocamente superior a otro. Un mismo arreglo institucional puede tener efectos contrastantes en distintos países. Es interesante lo que ha escrito Phillippe Schmitter en la edición más reciente del Journal of Democracy. Hace un cuarto de siglo editó, junto a Guillermo O'Donnell el trabajo seminal sobre las transiciones a la democracia. Al reflexionar sobre lo que se ha aprendido desde entonces, se muestra escéptico sobre el efecto de las instituciones en el desempeño democrático. La historia reciente ha quebrantado la confianza ingenieril de hace unos años. No podemos pensar, en consecuencia, que existe una fórmula única para asegurar la eficacia democrática.
Vale la advertencia como prólogo al debate actual. El menú de propuestas debe ser analizado desde el escepticismo. En los días recientes los partidos de Oposición han respondido a la iniciativa presidencial. El trazo de las propuestas dibuja regímenes contrastantes: el Ejecutivo dibuja un presidencialismo fortalecido, alentando la sintonía entre Congreso y Presidencia. El PRI y el PRD pretenden insertar mecanismos parlamentarios en la estructura constitucional. El gobierno busca fortalecer la Presidencia, mientras que sus opositores buscan un Congreso con mayor peso en la formación y en la supervisión de la administración. A pesar de esto, existen coincidencias importantes. El gobierno y el PRI (por lo menos su bancada en el Senado) se han pronunciado por la reelección de los legisladores. El acuerdo no es poca cosa. Abre la posibilidad de una carrera parlamentaria que no cuelgue en exclusiva de la voluntad de los partidos sino de la evaluación de los electores. De concretarse la reforma institucional en este solo cambio, tendríamos, a mi entender, una transformación valiosa.
El gran debate parece estar en la conformación del Congreso. Ningún partido coincide en este tema. Gobierno y PRI quieren un Congreso más pequeño; anhelan una Legislatura con mayoría clara, pero lo intentan por vías distintas. El PRD, por su parte, quiere una Legislatura más receptivo de la diversidad política. La iniciativa presidencial busca fortalecer al partido que gane la Presidencia. Ese es el propósito de elegir diputados y senadores una vez que se conozca el nombre del presidente electo o cuando se celebre la segunda vuelta. El candidato ganador previsiblemente arrastraría votos a favor de su partido. El PRI, conocedor de su poderío regional, alienta la formación de una mayoría en el Congreso debilitando la proporcionalidad.
Las tres iniciativas proponen cambiar los puentes entre los poderes. El Ejecutivo quiere fortalecer (modestamente) los poderes legislativos del presidente. No le otorga facultad para legislar sin el Congreso, pero lo faculta a definir (en parte) la agenda del Poder Legislativo. PRI y PRD sugieren darle al Congreso voz en la conformación del Gabinete presidencial. En el caso de la propuesta de los senadores priistas, el presidente nombraría apenas con libertad a su equipo inmediato: no solamente secretarios de Estado, sino también titulares de organismos descentralizados, requerirían la ratificación del Senado. Mientras el Gobierno panista advierte que padecemos una Presidencia débil; el PRD y el PRI la quieren restringir más.
Los senadores del PRI proponen un mecanismo de sustitución presidencial que termine con el peligrosísimo enredo constitucional actual. Un secretario de Gobernación previamente ratificado por el Senado ocuparía la Presidencia en caso de falta definitiva del presidente, en tanto el Congreso nombre al sustituto.
Ninguna iniciativa propone acortar el (larguísimo) periodo presidencial mexicano.
Http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/
