¿Cómo logró llegar sin que la Policía lo atrapara? Es una pregunta fácil que tiene una respuesta difícil. La Policía estaba advertida de que de un momento a otro el diputado federal electo, in corpore, tendría que hacerse presente en el interior del recinto legislativo, para lo cual afuera tenía que atravesar una barrera formada por experimentados sabuesos. Es de suponerse que la sede estaba rodeada de tal manera que nadie podría entrar sin ser visto. Hasta aquí hagamos un alto, sin perder el hilo del tema. Regresemos al tiempo pasado. Era primero de septiembre de 2007. El mismo edificio estaba copado por miembros de un partido político que habían mostrado su intransigencia diciendo no permitirían que el presidente electo ingresara al interior del salón de sesiones donde le debería ser tomada la protesta a que se refiere la Ley fundamental. Las puertas estaban custodiadas por diputados rebeldes, creándose un ambiente de hostilidad. El barullo no dejaba que quien presidía la sesión pudiera imponer orden en la asamblea. Daba la impresión de que no habría poder humano capaz de imponer silencio. Lo que siguió dejó sorprendidos a los rijosos, quienes no daban crédito a lo que veían.
En efecto, el presidente entrante y el saliente entraron en la sala que de pronto se sosegó dejando que la ceremonia tomara su curso para a continuación entonar el Himno Nacional, con lo que se dio un giro a lo que ese momento había sido un sainete. Pues así los diputados encontraron en un día de la semana anterior, al cuestionado legislador Julio César Godoy Toscano, quien fresco como una lechuga, emulando al mago Harry Houdini, se presentó a rendir su protesta como Diputado en la actual legislatura federal, dejando con un palmo de narices a quienes tenían instrucciones de detenerlo. ¿Cómo le hizo para burlar a los genízaros, que impacientes le aguardaban? Varias especulaciones se han hecho por lo que una más no hará daño. Esto es, siguió el mismo camino que el ahora Presidente: un pasadizo secreto. Pero, el asunto no deja de ser una trivialidad, la importancia radica, en si el flamante diputado debe de ser detenido ahora, como piensan algunos, dado que existe una orden de aprehensión en su contra, o en realidad, dicen otros, goza del privilegio de no ser privado de su libertad, a partir de la protesta como diputado.
No me gusta citar preceptos de la ley, pues este no es un texto para juristas, sino para cualquier mediano lector. Aclarado el punto, diré que los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. A esto se le llama fuero constitucional. El fuero plantea dos excepciones, cuando deje el cargo público de referencia o cuando haya sido declarado, por el órgano de Estado competente, que ha perdido el impedimento. En el primer caso, el Ministerio Público que libró la orden de aprehensión en contra de Godoy, cuando termine el período del encargo, desaparecida la protección que rodea al que ha dejado de ser diputado, puede ejecutarla a discreción. En el segundo por disposición legal al ser privado de la investidura se abre la posibilidad de juzgar su conducta que puede llevar a una sanción. No debe confundirse la inmunidad que otorga la ley con la figura de la impunidad. La inmunidad es una prerrogativa parlamentaria, que no evita que haya un procedimiento en contra de quien ostentaba el cargo, una vez que lo pierde por el transcurso del período para el que fue elegido o que el órgano competente se lo quita. En tanto la impunidad da lugar a que, ni tarde ni temprano, haya castigo.
Hay dos casos históricos en que se dio la figura de la procedibilidad para desaforar a un funcionario público. El caso de Carlos A. Madrazo y el Jorge Díaz Serrano, aquél diputado federal, en tanto Jorge fungía como director de Petróleos Mexicanos. En ambos, casos conocieron las Cámaras de Diputados y la de Senadores. A Madrazo se le acusó junto a Sacramento Joffre y Pedro Téllez Vargas de falsificar tarjetas de braceros y de traficar con ellas. Poco después tras un amparo quedaron en libertad. Lo cierto es que habían "picado chueco" pues en la sucesión presidencial de 1946 apoyaban la precandidatura de Javier Rojo Gómez a la Presidencia de República, cuando el candidato oficial sería Miguel Alemán. A Díaz Serrano se le abrió un juicio político por sus diferencias con Miguel de la Madrid. Ambos habían sido precandidatos a la Presidencia, en el mandato de José López Portillo. Pagó con cárcel su osadía de enfrentarse a quien a poco se volvería todopoderoso. Si se observa con imparcialidad, en ambos casos privó la voluntad de los ejecutivos federales quienes ejercían el poder de manera absolutista. No hubo ni una pizca de hacer justicia, se trató de la mezquindad con la que actuaban quienes ejercían el poder político.