Los efectos económicos de 2009 fueron evidentes, un país inmerso en una recesión que la política económica a nivel federal fue incapaz de prever y enfrentar. La fuerte desaceleración de la actividad industrial fue impulsada por la crisis en Estados Unidos la cual tuvo su eco en el mercado interno mexicano, en donde este último cedió ante el embate del cierre de empresas y el desempleo.
Como consecuencia de lo anterior y de la caída de los ingresos que por remesas, turismo e inversión extranjera llegaron al país, en 2009 la afectación económica involucró a todas las entidades del país, principalmente a las que tienen una relación más cercana con el país vecino y que además concentran la mayor proporción del mercado interno.
En este aspecto no es de sorprender que el Distrito Federal haya enfrentado un entorno económico francamente negativo, algo que además se combinó con el problema de salud pública de la influenza A H1N1, evento que en su momento cimbró al país y que frenó la actividad comercial de la entidad con mayor peso económico de México.
Resultado de lo anterior es el hecho de que para 2010 la Ciudad de México deberá iniciar un proceso de recuperación sin contar con el apoyo de un programa federal, es decir, ante la ausencia de estrategias de desarrollo sectorial y regional a nivel nacional, la Ciudad de México, al igual que otras entidades, tiene el reto de realizar acciones propias que agrupen a todos los ciudadanos con el objetivo de reactivar su economía.
El primer aspecto a manejar en 2010 será eminentemente político y ciudadano, cuestión que en la capital ya inició mediante la iniciativa del jefe de Gobierno para formar el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, mecanismo bajo el cual se integran esfuerzos e iniciativas tanto del sector público, empresarial, ciudadano y académico con el fin de buscar alternativas que den soluciones de corto, mediano y largo plazo en los tópicos respectivos.
Este innovador esfuerzo implica coordinar eficientemente la participación de la ciudadanía en el sentido de atender los desequilibrios económicos y sociales que se exacerbaron en 2009 con la crisis económica. En este sentido el consejo deberá contribuir a formar planes regionales y sectoriales para cada delegación de la ciudad con el objetivo de que las obras e inversiones contribuyen a solucionar la problemática actual.
El trabajo de los jefes delegacionales será prioritario para que con su conocimiento y recursos financieros puedan llevar a cabo las iniciativas emanadas de la sociedad, ya que de otra manera los esfuerzos no serán lo suficientemente exitosos.
No obstante, con la puesta en marcha del consejo en la Ciudad de México se ha dado un primer paso para activar la participación ciudadana en combinación con el sector público, hecho que en sí representa el potencial inicio de una nueva forma de hacer política en el país.
