El Salvador pide perdón a 30 años del asesinato de Romero
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, pidió ayer perdón por el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980, y admitió la “participación indirecta” del Estado por no investigar y tolerar la existencia de los escuadrones de la muerte que lo perpetraron.
“En calidad de presidente de la República, pido perdón en nombre del Estado salvadoreño por ese magnicidio perpetrado hace 30 años”, manifestó Funes en un acto oficial de homenaje al religioso en el aeropuerto internacional de El Salvador.
El presidente pidió perdón a la familia de Romero, a la Iglesia, a las miles de familias que sufrieron esa “violencia ilegal inaceptable” y a las comunidades religiosas. “En nombre mío y de mi familia acepto con humildad, conmucho honor, con mucha gratitud, el pedido de perdón que hace el excelentísimo señor presidente”, respondió en medio de aplausos Gaspar Romero, hermano del asesinado arzobispo.
Funes, primer gobernante de izquierda en la historia salvadoreña, reconoció que Romero, que será homenajeado a partir de este año cada 24 de marzo, “fue víctima de la violencia ilegal que perpetró un escuadrón de la muerte”.
Señaló que estos grupos armados ilegales “ejercieron el terror de manera generalizada entre la población civil durante aquellos años aciagos, dejando tras de sí miles de víctimas” y “lamentablemente actuaron bajo la cobertura, colaboración, aquiescencia o participación de agentes estatales”.
El gobernante recordó que los integrantes del “grupo violento” que consumó el asesinato “han sido ya identificados por instancias internacionales de investigación, tanto el sistema de Naciones Unidas, como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Según la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992), “existe plena evidencia” de la participación del ya fallecido Roberto D’Aubuisson, fundador de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido que gobernó el país entre 1989 y junio de 2009. Además, se señaló que los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila “tuvieron una participación activa en la planificación y conducta del asesinato”, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, hijo del ex presidente Arturo Armando Molina (1972-1977).
También se menciona en el informe a Amado Antonio Garay, el conductor que llevó al pistolero hasta la capilla para dispararle al prelado un balazo en el pecho mientras oficiaba una misa.
Una Ley de amnistía aprobada un año después de los Acuerdos de Paz que en 1992 pusieron fin a la guerra civil en El Salvador dejó en la impunidad este crimen.
