La construcción del teleférico de Durango le ha causado al Estado, al menos hasta el momento, más dolores de cabeza que alegrías: las críticas sociales y políticas, derivadas principalmente de su costo y del marcado retraso en su entrega, mermaron, sin duda, la importancia de la obra.
Desde el primer momento, cuando el entonces gobernador Ismael Hernández Deras anunció su construcción y entrega para dos meses después, alzaron la voz varios escépticos que vieron imposible la tarea de cumplir con la promesa. No se equivocaron: el retraso fue superior a los 60 días.
Aquel mismo día, el ex mandatario se aventuró a lanzar al aire otros compromisos que finalmente no fueron terminados, como el espacio para albergar la exposición ganadera en el Centro de Ferias y Espectáculos.
Aunque ya concluido, las críticas al teleférico no cesaron: basado en la publicación de un periódico editado en el Distrito Federal, el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Gutiérrez, criticó el costo por metro lineal, que según juzgó, ascendió a los 120 mil pesos. La obra, en su conjunto, costó 90 millones de pesos; para la comparativa se utilizó una similar que se construye en Chihuahua, que apenas habría alcanzado los 49 mil pesos por cada metro.
Si bien la comparativa no es del todo válida, pues las construcciones no son idénticas en sus estructuras, el líder panista cumplió su cometido: despertar sospechas en la sociedad ante la legitimidad de una obra que resulta hoy vulnerable hacia cualquier ataque político. El teleférico, aunque terminado y ya en uso, quedó en la mente de muchos como una promesa no cumplida.
Falta, además, resolver una duda que seguramente permanecerá durante algún tiempo entre los duranguenses: ¿cuánto tardará en recuperarse la inversión?
De acuerdo con lo expresado por las propias autoridades locales, la compra e instalación del teleférico obedece a la necesidad de más infraestructura turística, que permita incrementar el número de visitantes que llegan a la entidad. El si fue correcta la decisión de apostarle a esa inversión no se sabrá sino con el tiempo.
Sin embargo, y visto desde un aspecto de lógica empresarial, la inversión no se recuperaría tan lentamente como se podría esperar: si nos basamos en el costo de la obra y la tarifa de 10 pesos implementada por su ente administrativo, llevaría poco menos de cinco años recuperar los 90 millones de pesos gastados, considerando que diariamente lo utilicen las cinco mil personas para las que, según las autoridades, tiene capacidad. Es decir, el total de lo invertido estará de regreso en las arcas gubernamentales una vez que nueve millones de personas realicen un viaje sencillo.
Lo que no será fácil es que eso ocurra. Aunque todavía no han sido revelados los montos, el atractivo turístico tiene gastos de operación, que se estarían restando a lo recaudado a través de los ingresos por boletos pagados. Además, suena utópico que la afluencia constante sea de cinco mil visitantes diarios.
Dependerá, entonces, de la habilidad de las autoridades locales para vender Durango hacia fuera. Si los visitantes realmente son atraídos y el turismo como actividad económica se detona, se podrá decir que la inversión fue todo un éxito. Si no, aunque el tenerlo emocione a muchos, su instalación habrá sido un rotundo fracaso, pues terminará como un mero atractivo de duranguenses. Y para eso no se hizo.
