E N la letra, la Constitución dice que en México se garantizará un régimen democrático basado en elecciones libres, auténticas y periódicas; que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen los partidos. También, por mandato constitucional, en la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. Tal parece que los partidos han encontrado que la única forma posible de ganar una elección es violar la Constitución.
Estas campañas electorales no distan mucho de las que nos han acostumbrado, llenas de descalificaciones y pocas propuestas. La mayoría de las propuestas fue de candidatos a diputados locales haciendo promesas sobre decisiones que corresponden a las autoridades federales, candidatos a presidentes municipales haciendo promesas sobre decisiones que corresponden al gobernador y candidatos a gobernadores haciendo campaña sobre decisiones que competen al Poder Legislativo.
En algo coinciden sus promesas: o no les competen o son imposibles de cumplir. Y a lo imposible y a lo que no les compete, nadie está obligado.
Los partidos conocen también los mecanismos para el fraude electoral. Calculan el costo de las multas que tendrán que pagar a los institutos electorales por violar la ley y calculan el beneficio en votos que le puede generar. Si les conviene, entonces violan la ley, ganan la elección y pagan gustosos las multas con el dinero de los impuestos de los mexicanos. Otra opción, es pasar por encima de los principios e ideas que postulan en sus plataformas políticas, hacer coaliciones y postular candidatos 'ad hoc' a los intereses de las cúpulas, con el fin de obtener el control sobre la distribución de los cargos.
El sistema electoral es en realidad un sistema de reparto, donde todos hacen fraude y lo que se premia es la lealtad y la disciplina con las cúpulas, no el conocimiento sobre la política pública ni las habilidades profesionales para el diálogo; con una enorme tolerancia para el ejercicio privado del poder, con las correspondientes implicaciones de beneficio personal del cargo y corrupción.
Y así se nos van campañas y elecciones a los ciudadanos, observando la procesión de partidos que se fundamentan en ideales que no tienen y en candidatos que prometen imposibles. La novedad de estas campañas, a diferencia de las otras, son los muertos. Es imposible pensar que se pueda emitir un voto verdaderamente libre y auténtico cuando está manipulado por la violencia y el miedo.
El PRI decide que el diálogo significaría "lucrar con el dolor", el PRD no adopta una actitud diferente para pasar por encima de las diferencias partidarias para buscar una salida común a la escalada de violencia de nuestro país. Para los líderes políticos de todos los partidos, el diálogo puede esperar a que pasen los comicios del 4 de julio, después lo aplazarán a que se resuelvan las impugnaciones que cada partido hará ante el Tribunal Electoral sosteniendo que los otros hicieron más fraude que ellos.
Como nadie saldrá contento en la repartición de cargos con las sentencias del Tribunal, romperán el diálogo que nunca iniciaron. Su nuevo fin será ganar las elecciones de 2012, sin prestigio y llenas de odio, de las que la nación no sacará nada bueno.
Así, mientras los ciudadanos que salen a votar imponen la esperanza sobre el miedo, esperando el fin de las falsas promesas y restablecer la confianza en el Ggobierno; la clase política entera hace fraude constante a la democracia y a la paz.
Analista
