La calidad de las elecciones del cuatro de julio pasado deja mucho qué desear, al grado de que el mal desempeño de los gobernadores en funciones, ha sumido en el desprestigio a los órganos electorales locales.
El órgano electoral es el árbitro de la contienda. La democracia tuvo un importante impulso a fines de los años noventa del siglo pasado, en el momento que los actores políticos acordaron diversas reformas legislativas incluida la creación del Instituto Federal Electoral, con ciertas características que hicieron de dicho instrumento, garante efectivo de imparcialidad.
Lo anterior sea dicho en el contexto de la humana imperfección, puesto que en el tiempo el IFE ha sufrido severas críticas, algunas de ellas pertinentes y otras injustificadas, pero en todo caso, el objetivo histórico conseguido de mantener al órgano independiente del Poder Ejecutivo Federal permanece vivo y vigente.
Los mexicanos no hemos sido capaces de reproducir en los estados de la República, órganos electorales de la calidad conseguida a nivel federal. Lo anterior porque el viejo sistema de partido de estado que en el plano Federal se ha diluido, permanece en los estados corregido y aumentado, en la medida en que la generalidad de los gobernadores se han convertido en reyezuelos de sus propias ínsulas, que ejercen el poder sin contrapesos.
Lo anterior explica el porqué una vez lograda la alternancia en el año dos mil, se perdió la voluntad de continuar con las reformas legislativas en el momento en que más se necesitan, porque un cambio de paradigma político de partido único a la competencia de varios partidos, exige un cambio en las instituciones y sobre todo en las mentalidades de los actores políticos.
De lo anterior resulta una diferencia asimétrica en el tránsito a la democracia plena entre el nivel federal y los estados, que mantiene a estos últimos en una premodernidad que amenaza al conjunto nacional. Lo anterior porque si en las elecciones presidenciales del año dos mil doce, la suma de los gobiernos estatales proclives al autoritarismo y a la demagogia populista va a prevalecer sobre quienes apuestan al avance democrático, la vuelta al pasado constituye una amenaza inminente para el futuro de México.
En un reportaje publicado el lunes en El Siglo de Torreón, se advierte sobre la desconfianza de los ciudadanos frente a los órganos electorales de los estados, que deriva de la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a su financiamiento, que se utilizan como herramienta de control del Poder Ejecutivo sobre los consejeros. Es frecuente que los consejeros reciban dos clases de estipendios, uno nominal y otro en vía de compensación, que suele ser utilizado para recompensar lealtades inconfesables.
Lo curioso es que a menudo el ciudadano común piensa que los yerros de los órganos electorales de los estados son responsabilidad del IFE, lo que redunda en un desprestigio inmerecido. Lo anterior ocurre porque muchos ciudadanos carecen del conocimiento que les permita distinguir una y otra de tales instituciones, entre otras cosas, porque el sufragante utiliza la misma credencial para votar.
En el caso del Estado de Durango que acaba de pasar por un proceso electoral las consecuencias están a la vista: A diez días de la jornada aún no es posible dar a conocer un resultado en cuanto a la elección de gobernador, y la dinámica de los acontecimientos indica que el proceso tiende a complicarse, -en el caso del secretario de Gobierno de Ismael Hernández Deras, que recurre al Juicio de Amparo ante el temor de ser aprehendido-, en el marco de un proceso electoral manchado con el robo de urnas a mano armada.
Ojalá que en el futuro se hagan más frecuentes, se asuman y sobre todo se cumplan intenciones como la expresada por el gobernador electo del Estado de Sinaloa Mario López Valdez (Malova), que a raíz de su triunfo como candidato de la coalición PAN-PRD, se comprometió a gobernar utilizando los recursos públicos para lo que corresponde conforme a su naturaleza y fines, y a no malgastarlos en la compra ni de votos ni de conciencias porque según dijo, no aspira ni a ser Presidente de la República, ni a imponer a quién lo suceda en el ejercicio del cargo.
