Cobijado en la premisa de que el principal problema económico del país, la falta de crecimiento, es al tiempo su principal problema social, al no generar empleos remunerativos con seguridad social, el ex subsecretario de Ingresos de Hacienda, Santiago Levy, plantea una reforma dual: fiscal y social.
La exposición de motivos habla de que en la realidad del país la mayoría de los trabajadores y empresas son informales; la base tributaria es angosta, y la productividad apenas aumenta.
De acuerdo al cálculo del actual funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, alguna vez director general del Seguro Social, dos terceras partes de los empleos en el país los genera la economía subterránea, en cuyo ejercicio se destierra la posibilidad de seguridad social, es decir pensión de retiro, medicina social, posibilidad de créditos para vivienda...
Lo dramático del asunto es que el escenario lo ha propiciado el propio Gobierno, al subsidiar de facto la evasión de las leyes laborales y fiscales. Más aún, tal y como están diseñados, los programas sociales limitan los incrementos en los salarios reales, además de frenar la productividad.
El razonamiento habla de que, bajo ese prisma, una reforma fiscal cuyo eje no sea una reforma social, sería un grave error, y una reforma social sin una reforma fiscal sería, cuando más, una ilusión.
La fórmula mágica planteada por el autor del libro en que se realiza la más aguda crítica a los programas sociales del Gobierno ("Buenas intenciones; malos resultados") habla de tres ejes: unificar las tasas del IVA en 15 por ciento, es decir elevar de cero a ese nivel las aplicables en alimentos y medicinas; eliminar el régimen de pequeños contribuyentes, y reducir el Impuesto Sobre la Renta.
Las familias pobres recibirían una transferencia de ingresos directos equivalente al monto de la tributación adicional que realicen.
Según ello, el nuevo marco le alfombraría la ruta a un escenario más equilibrado:
*Extender el derecho a una pensión de retiro, un seguro de invalidez, un seguro de vida y un seguro médico, a 41 millones de trabajadores, en comparación con los 14 millones de hoy.
*Proteger a todos los trabajadores asalariados con un seguro de desempleo, en lugar de la combinación de liquidaciones e indemnizaciones por despido, y con un seguro de riesgos de trabajo.
* Eliminar obstáculos para que casi 10 millones de trabajadores pobres accedan a empleos formales con seguridad social y salarios más altos, incorporándolos a la vida productiva nacional en un contexto de mayor cohesión social.
*Reducir los costos laborales no salariales de aproximadamente 800 mil empresas legalmente establecidas en más de 85 por ciento, lo que equivaldría a eliminar impuestos al trabajo por casi tres puntos del PIB.
*Facilitar la legalización de más de dos millones de empresas no registradas que evaden las leyes laborales, de seguridad social y fiscales, abriéndoles posibilidades para acceder al crédito, a programas de capacitación laboral y, en general, a mayor escala y más productividad.
*Reducir sustancialmente la incertidumbre legal y los costos de transacción para las empresas de cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social; la simulación de contratos; los incentivos a la corrupción y a la rotación innecesaria de trabajadores, facilitando la capacitación y la adopción de nuevas tecnologías.
Sin embargo, a juicio de Levy, entre el dicho y el hecho se reclamaría evitar reformas aisladas en el plano laboral, de pensiones, de vivienda, fiscal o de salud, así como crear programas sociales nuevos o expandir los existentes.
Más allá, reconocer explícitamente que la informalidad es un problema grave, dejando de lado el supuesto de que eventualmente las empresas informales se incorporarán a la formalidad, como resultado del crecimiento económico.
Finalmente, se habla de fortalecer los vínculos entre las reformas sociales y económicas, sobre la base de que la política social aporta el precio del insumo más comerciable del país: el trabajo; que el impacto redistributivo de los programas sociales depende en gran parte de la forma de que éstos se financien, y distinguir entre las personas que legalmente enteren un impuesto y quien finalmente lo paga.
La propuesta de Santiago Levy, uno de los integrantes del llamado Grupo Huatusco, está integrada en uno de los capítulos de un libro en homenaje al propulsor y fundador de éste, Javier Beristáin Iturbide.
El volumen, que recorre todos los problemas nacionales que preocuparon al desaparecido economista, se presentará el 21 de junio próximo en el Club de Industriales.
Carambola de dos bandas.
BALANCE GENERAL
En un documento preliminar enviado a la Asociación de Bancos de México, la Secretaría de Hacienda plantea restringir las operaciones cambiarias a un máximo de cuatro mil dólares, siempre y cuando éstas las realicen clientes de los bancos.
De hecho, como lo hace ya Banorte, el dinero se depositaría en la chequera del usuario, por más que pudiera constituir un cargo a favor en efectivo, susceptible del impuesto correspondiente.
Para las casas de cambio el tope sería de 10 mil, previa identificación del usuario, para evitar operaciones de carrusel.
Como usted sabe, la medida la implementaron unilateralmente media docena de bancos, entre ellos Banamex, Bancomer, Santander y Scotiabank, ante el temor de una nueva operación Casablanca, es decir una acción encubierta de agentes estadounidenses para desnudar la fragilidad de las intermediarias ante el lavado de dinero.
SANTANDER SE SAFÓ
Latente la pretensión de la oposición legislativa de plantear una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte para impugnar la inmovilidad del Gobierno frente a la violación a la Ley que representa el que gobiernos extranjeros tengan ingerencia en bancos nacionales, Santander la logró librar.
Aunque el golpe apuntaba más hacia Banamex, cuya matriz, el Citigroup de los Estados Unidos, recibió una inyección de recursos públicos para evitar su quiebra, a cambio de una participación que llegó a ser de 38 por ciento, el banco de capital mayoritario español estaba en las mismas, al tener como socio minoritario al Bank of America, también rescatado por la Casa Blanca.
El paquete del socio de Santander México, equivalente al 24.9 por ciento de su capital, fue adquirido por la matriz de éste en dos mil 500 millones de dólares.
YO NO FUI
Integrada en la lista de las empresas a las que acusó Petróleos Mexicanos en Estados Unidos por adquirir condensados que originalmente le fueron robados, la firma alemana Basf se declara inocente... por más que reconoce haberle comprado el producto a otra de las denunciadas, Trammo Petroleum.
Se le llama condensado a un derivado de gas natural.
Naturalmente, el alegato de la firma germana apunta a que no sabía que el producto había sido robado. Vamos, ni siquiera que el dueño de la mercancía era Pemex.
Sin embargo, la investigación apunta hacia qué precio lo adquirió.
