Aunque ninguna autoridad se atreve a dar su razón social, la sospecha, al interior del Gobierno, apunta hacia una firma canadiense como la "madrina" de la huelga de casi tres años en Mexicana de Cananea, con proa al sindicato minero.
La posibilidad de mano negra en el financiamiento a una plantilla de mil 200 trabajadores, así fuera a la mitad o la tercera parte de su salario, la apuntala el que el desalojo de la histórica mina se realizó tras la visita del presidente Felipe Calderón al país de la hoja de arce.
El Ejecutivo habría llevado el expediente, incluido una copia de la solicitud de extradición del líder Napoleón Gómez Urrutia, en exilio voluntario desde hace tres años en Vancouver.
La premisa es simple: Invertir para pescar en el río revuelto, es decir mantener de espaldas a la pared al grupo Industrial Minera México hasta que se volviera insoportable la convivencia con el sindicato, y se vendiera la mina a precio de quiebra.
De acuerdo al cálculo de la Cámara Minera de México, la empresa perdió en 34 meses de parálisis el escándalo de 3 mil 200 millones de dólares. ¿Cuánto más podría aguantar el resorte?
De hecho, aunque el pleito con el sindicato se había vuelto personal contra su dirigente, el presidente del consorcio, Germán Larrea Mota Velasco, le había planteado a uno de sus socios, el presidente de Kimberly Clark México, Claudio X. González, la posibilidad de aventar la toalla.
La intención la frenó la intervención de la Secretaría de Economía, quien se comprometió a buscar una fórmula para darle la vuelta al conflicto, vía la disolución de la relación empresa-sindicato.
La jugada, avalada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cimentó una serie de peritajes que hablaban de saqueo a las instalaciones por parte de los mineros en custodia de las banderas rojinegras, que habrían vuelto inviable la reanudación inmediata de la producción. Se hablaba de robo de cables a maquinaria y equipos e instalaciones, excavadoras... por más que el sindicato negó una y otra vez las acusaciones, señalando, incluso, que las fotografías habían sido truqueadas.
Como usted sabe, la Suprema Corte rechazó hace unos días, un amparo del sindicato contra la resolución, lo que dejaba abierta la puerta al desalojo de las instalaciones.
Lo curioso del caso es que primero se dijo que el pago de salarios caídos de los huelguistas lo estaba financiando la empresa Altos Hornos de México, en afán de evitarse problemas con el sindicato.
De hecho, se sostenía que la siderúrgica encabezada por Alonso Ancira le había facilitado un avión a Gómez Urrutia para huir del país, lo que negó rotundamente ésta.
El caso es que, como usted sabe, Ancira y Gómez Urrutia se volvieron enemigos irreconciliables, al punto de que ésta acusaría al sindicato minero de malversar fondos que debían prorratearse entre los trabajadores en la fase previa a una revisión contractual.
La demanda se ventila en los tribunales.
Más tarde, se habló de que el apoyo venía de la empresa india-inglesa que había adquirido la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, tras el retiro de la familia Villarreal... por problemas con el sindicato.
En ninguno de los dos casos se aportaron pruebas.
Naturalmente, el punto fino del "sospechosismo" se apuntalaba en que las cuentas del sindicato habían sido congeladas en la investigación del supuesto fraude cometido por Gómez Urrutia al no enterar a los trabajadores parte de los 55 millones de dólares que se les prorratearían a la privatización de Cananea y Mexicana de Cobre.
Ahora que el sindicato presumió siempre de la solidaridad de organizaciones internacionales, entre ellas los steelworkers de Estados Unidos y Canadá. Por lo pronto, las cuentas hablan de haber entregado un promedio de tres mil pesos mensuales a los mil 200 trabajadores huelguistas... durante 34 meses.
Una nómina de resistencia, pues, de tres millones 600 mil pesos mensuales, en un escenario en que el Grupo Minera México desmanteló todos los apoyos sociales al sindicato, incluido el hospital, la escuela, los dispensarios... ¿Se atrevería el Gobierno a dar pelos y señales de la investigación? ¿Se atrevería el sindicato a transparentar a su vez sus cuentas?
En lo que representa una advertencia a los organismos empresariales para poner sus barbas a remojar, la Comisión Federal de Competencia le aplicó una multa a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, por constituir un cártel para imponer precios en los servicios que prestan sus asociados.
De acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica, éste, considerado como práctica monopólica absoluta, se constituye cuando hay un acuerdo entre competidores para fijar, elevar o manipular el precio de venta de sus servicios. La acusación concreta habla de imponer a los usuarios un cobro uniforme por concepto de "ajuste de combustibles", es decir cargar los aumentos en el precio de las gasolinas que fija el Gobierno.
El acuerdo lo hizo público el organismo a sus agremiados a través de su portal de Internet. La multa para la Canacar se duplicó por reincidencia, en un escenario que antes había alcanzado a la Cámara Nacional de Tintorerías y Lavanderías.
La sanción global, 31 millones, alcanza además a cinco empresas y cinco personas físicas con actividad en el ramo.
REVÉS A IUSACELL
Bajo el argumento de que la licitación no se ha agotado, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le negó en forma definitiva al grupo Salinas la posibilidad de que se suspenda el fallo final en relación a los ganadores de la licitación del espectro radioeléctrico en las bandas 1.2 y 1.7 gigahertz para telefonía celular. La inconformidad de la solicitante apuntaba a que el procedimiento es inequitativo, dado que al limitarse la posibilidad de tenencia máxima de espectro a 80 megahertz, el escenario para los dos bloques nacionales de 30 megahertz en disputa, se quedó sin posibilidad de competencia frente al consorcio integrado por Televisa y Nextel.
De hecho, cubiertas 31 rondas de posturas y revires, la dupla se sentó con la primera que colocó en la mesa.
Total, no hay enemigo al frente. En contraste, la pelea por tres bloques de 10 megahertz en cada una de las nueve regiones está caliente entre el resto de los competidores.
CÓMER A CONCURSO MERCANTIL Finalmente la asamblea de accionistas de Comercial Mexicana aprobó el programa de reestructura de la deuda de la cadena mercantil, en un escenario en que se reduce ésta a sólo mil 500 millones de dólares, y se traza un plan de sobrevivencia que incluye la emisión de bonos de deuda a vencerse en seis y siete años, y se plantea ante un juez una solicitud de concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada.
Como recordará usted, estallado el escándalo por las operaciones fallidas con derivados realizadas por la firma, éste solicitó en dos ocasiones la alternativa, que le fue negada.
