En el fondo, más que un pleito entre accionistas mayoritarios y minoritarios, lo que se dirime en el Grupo Aeroportuario del Pacífico es la pretensión de los socios españoles de quebrar la exigencia de ley de preeminencia de mexicanos en el control de la firma.
Las empresas ibéricas Aena y Abertis pretenden, a cualquier costo, tener el sartén por el mango, vía la colocación en escena de una figura denominada Comité de Nominaciones y Compensaciones, en preeminencia del propio Consejo de Administración y aún de la asamblea de socios.
Como usted sabe, en el río revuelto de la existencia de dos presidentes en la empresa, dos filas de consejeros independientes y dos opciones para reparto de dividendos, la Bolsa Mexicana de Valores decidió suspender la cotización de las acciones de la compañía en el piso de remates.
El paréntesis podría durar dos meses.
La manzana de la discordia es el desconocimiento de una asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 27 de abril pasado, en lo que se votó por el pago de un dividendo por el ejercicio del 2009, y una disminución de capital.
Adicionalmente, se ratificó a los integrantes, con carácter de independientes, del Consejo de Administración, y se le dio luz verde para la continuidad como presidenta de la compañía de Laura Díez Barroso, quien representa los intereses de la Controladora Mexicana de Aeropuertos, que detenta la tercera parte del paquete de control.
El caso es que el Comité de Nominaciones y Compensaciones, sin más argumento que el he dicho, decidió que el periodo de los consejeros independientes se agotaría el 28 de mayo, y que la compañía tendría a partir de entonces un nuevo presidente: Demetrio Ullastres.
Ahora que en afán de darle un tinte democrático al manotazo, se convocó a una asamblea de accionistas que en el papel no tuvo el quórum requerido, tantito por cambiarse la sede en contravención a lo reclamado por la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Sociedades Mercantiles, y tantito porque la mayoría la consideró innecesaria.
La reunión, presidida por Demetrio Ullastres, ratificó los acuerdos del Comité de Normatividad y Compensaciones.
De hecho, la semana pasada se nombró a siete nuevos consejeros independientes.
Sin embargo, el acto es ilegal, dado que no había quórum del Consejo de Administración, al integrarse éste con cuatro miembros. Tampoco hubo convocatorias previas.
La acción provocó una queja ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de pasadita una demanda ante los tribunales por presuntos delitos contra la Ley del Mercado de Valores.
Integrado en 1998 en un esquema que apuntaba a la privatización de los principales aeropuertos del país, el Grupo Aeroportuario del Pacífico se constituyó como el segundo de mayor flujo, acaparando el 27.6 por ciento del mercado.
Bajo su férula están las terminales aéreas de Guadalajara y Tijuana, ubicadas como las de mayor tráfico después de la capital y de Cancún. El ramillete lo integran además Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Hermosillo, León, Guanajuato, Silao, Morelia, Aguascalientes, Mexicali y Los Mochis.
Durante el gobierno foxista, concretamente a finales de marzo de 2006, se colocaron en los mercados bursátiles de México y Nueva York acciones por el equivalente al 85 por ciento de su capital, tras adquirirse el resto, bajo el marco de "paquete de control", por dos empresas españolas y una nacional.
En total, la oferta fue de 414.6 millones de valores, de los cuales 30 por ciento se colocaron en el mercado local, y el resto en el exterior.
La oferta se consideró como la más ambiciosa lanzada hasta el momento por el país.
Se calcula que fueron cinco mil los mexicanos que le entraron a la apuesta.
El caso es que en este momento están colgados de la brocha ante la imposibilidad de vender.
El insólito llegó en el 2007, un año después de la privatización, cuando la Secretaría de Hacienda le regresó a los inversionistas de la empresa 115.2 millones de pesos de Impuesto al Activo, que según ello había cubierto erróneamente al enterar la contraprestación por el paquete de control.
El pago había sido de 266 millones de dólares.
Mexicanos contra españoles a tres caídas sin límite de tiempo.
De acuerdo al cálculo más optimista, la posibilidad de reabrir la histórica mina de Cananea, principal productora de cobre del país, llegará hasta el primer trimestre del próximo año, por más que se ofrecerían empleos temporales a los habitantes de la comunidad para apuntalar la rehabilitación.
Por lo pronto, durante esta semana se realizará el inventario de los bienes ante un ejército de ministerios públicos y notarios, en aval de las 255 denuncias planteadas por el Grupo Industrial Minera México, por más que la firma propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, sostiene que no habrá cacería de brujas.
De acuerdo a su cálculo las pérdidas por la paralización de la producción durante tres años ascienden a tres mil 260 millones de dólares.
En paralelo, se habla de otros mil 300 millones por la pérdida de cientos de metros de cables y daños a los cuartos de máquinas.
La promesa de la firma es inyectarle 58 mil millones de pesos durante el próximo lustro, no sólo para rehabilitar el conjunto, sino construir plantas refinadoras y de generación eléctrica, además de una fundidora, en paralelo a nuevas carreteras de acceso, hospitales e instalaciones deportivas.
La tarea inmediata será la liquidación de los trabajadores afiliados a la sección 65 del Sindicato Minero, en un escenario en que el líder nacional, Napoleón Gómez Urrutia, ya está convocando a no acudir a las ventanillas.
MAL NEGOCIO
Finalmente, como estaba previsto, la manga ancha de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al permitir la integración de tres empresas gigantes para pelear por los dos hilos de fibra óptica oscura de la Comisión Federal de Electricidad, derivó en un pésimo negocio.
Unidos en la causa común, por más que sus planes de negocio son distintos, Televisa, la Telefónica México y Megacable ofertaron sólo el mínimo reclamado. Ni un centavo más.
No hubo puja, pues, tras la descalificación de la firma que podría haber equilibrado el asunto, es decir Iusatel.
El precio fijado por la posibilidad de construir una nueva red nacional para telefonía fija y banda ancha fue de 885 millones de pesos.
PREMIO A VIZCARRA
En lo que constituye un espaldarazo inesperado para el candidato priista al Gobierno de Sinaloa, Jesús Vizcarra, el Consejo Nacional de Comercio Exterior, encabezado por Valentín Díez Morodo, le otorgó uno de sus premios nacionales de exportación a su grupo empresarial Viz, concretamente a la empresa SuKarne.
La firma vende uno de cada siete kilos de carne producida en el país.
