Reunión. El secretario de Estado de Finanzas alemán, Joerg Asmusen, el ministro de Finanzas belga, Didier Reynders, y su homóloga francesa, Christine Lagarde, dialogan sobre el futuro de la UE.
BRUSELAS, BÉLGICA. - Los gobiernos europeos han dejado encarrilada esta semana la mayor reforma de su unión económica y monetaria desde que fue creado el euro hace una década.
El acuerdo político anunciado en el seno del grupo especial que ha presidido desde mayo Herman van Rompuy conducirá a un fortalecimiento inédito de la disciplina presupuestaria y a la introducción, por primera vez, de una verdadera vigilancia macroeconómica multilateral.
Se trata de evitar, so pena de fuertes sanciones políticas y financieras, que se repitan derivas presupuestarias como la de Grecia o perniciosas burbujas inmobiliarias como las que han disparado el déficit en España e Irlanda.
"La crisis ha demostrado, y de qué manera, lo profunda que es la integración entre los participantes en el euro y en el mercado interior", resumía Van Rompuy tras las últimas negociaciones del lunes en Luxemburgo. "Cada uno se ha dado cuenta de que las decisiones de un estado pueden afectarnos a todos", concluyó el presidente del Consejo Europeo. Las propuestas de este grupo 'ad hoc', constituido en esencia por los ministros de Finanzas de la UE, serán presentadas el próximo jueves por el propio presidente del Consejo Europeo a los veintisiete jefes de Estado o Gobierno en la cumbre de otoño que celebrarán en Bruselas.
Tras ese espaldarazo político al máximo nivel, las instituciones comunitarias -Comisión, Consejo de Ministros y Parlamento Europeo- se afanarán en traducir rápidamente el consenso en textos legislativos precisos, con el objetivo de que las primeras innovaciones, tales como el llamado "semestre europeo", puedan entrar en vigor en primavera de 2011.
Según han confirmado fuentes europeas, el grupo ha dejado además abierta la vía a una reforma del Tratado de Lisboa que lleve aún más lejos los cambios en lo que respecta al repertorio de sanciones y a la creación de un mecanismo permanente de rescate o "gestión de crisis" de la deuda soberana. "Cambiar los tratados no es algo sencillo; requiere la unanimidad", advertía hoy un diplomático comunitario.
Durante la primera década del euro, los gobiernos y las instituciones europeas han descuidado la detección y control de los riesgos ligados a la aparición de burbujas inmobiliarias, a los desequilibrios persistentes en la balanza de pagos o a las divergencias pronunciadas de competitividad. A partir de 2011, la Comisión Europea analizará anualmente, país por país, el comportamiento de una serie de indicadores macroeconómicos.
Urgen líderes europeos a cambio monetario
Los líderes de Francia, Nicolas Sarkozy; de Alemania, Angela Merkel, y de Rusia, Dmitri Medvédev, coincidieron en que la necesidad de crear una nueva arquitectura monetaria internacional debe centrar el debate del G20, ante los choques que hay entre los grandes bloques sobre esta cuestión.
Merkel fue la que más claramente nombró esta amenaza al hablar de "un riesgo de deriva hacia el proteccionismo", después de haberse felicitado de que Francia haya establecido la cuestión monetaria como prioridad durante su presidencia del G20, que se inicia tras la cumbre de Seúl el mes próximo.
La canciller, que compareció ante la prensa junto a Sarkozy al término de un encuentro de dos días a tres bandas en la localidad francesa de Deauville, señaló que la Unión Europea tiene interés en "un sistema monetario justo" y en "más transparencia a nivel internacional".
Sarkozy, consciente de que durante su presidencia del G20 tendrá que hacer uso de mucha diplomacia, evitó también nombrar en este contexto a China, a la que europeos, estadounidenses y japoneses reprochan mantener su moneda artificialmente baja -sin someterla a la cotización del mercado- para ayudar a sus exportaciones.
Las sanciones
⇒ La UE prevé sanciones sólo "políticas" contra el gobierno que no ponga remedio, por ejemplo, a una pérdida crónica de competitividad de su economía.
⇒ Se harán "visitas de inspección" al país, haría públicos sus informes críticos y, si es preciso, elevaría el problema al Consejo Europeo, para que todos los líderes opinaran.
