Hace unos meses el Dr. Pesci, un arquitecto argentino especialista en desarrollo urbano sustentable y presidente de la Fundación CEPA (Centro de Estudios y Proyectos del Ambiente), fue a una cámara empresarial local y presentó ante algunos laguneros una propuesta de recuperación y creación del espacio urbano con un enfoque de sustentabilidad; a dicha reunión asistieron varios alcaldes de municipios laguneros, a quienes realmente se les pretendía convencer de su propuesta.
Ésta, en esencia consistía en ordenar el territorio metropolitano, tanto el espacio urbano como el rural aledaño, con una experiencia de resultados considerados en exitosos en varias ciudades latinoamericanos, entre ellas Cuernavaca, Morelos y San Pedro Garza, Nuevo León. Pero quizá una de las partes más sobresalientes de su propuesta es que ese ordenamiento se basaba en una amplia participación ciudadana; decía, "no pretendo decirles qué hacer, sino facilitar cómo ustedes pueden hacer mejor las cosas".
Pero, traer a esta región un experto desde tan lejos probablemente no tuvo eco entre los nuevos alcaldes como tampoco entre los que concluían su período, o como expresó un directivo local de medio ambiente, no se pudo cubrir el costo del proyecto. Ciertamente, cuando se trata de definir presupuestos públicos para el cuidado y mejora de las condiciones ambientales, éstos siempre serán rabones, tal vez porque los tomadores de decisiones no encuentran el vínculo entre esta cuestión y la calidad de vida, o porque no ven su rentabilidad política; quizá también el mejor ejemplo es la asignación restringida de recursos públicos para la conservación de los espacios protegidos locales.
Ante esta imposibilidad debemos plantearnos otras que, si bien son de menor alcance, pueden redituar buenos resultados no sólo para el cuidado del ambiente sino incluso para mejorar la imagen de los espacios urbanos y de los mismos políticos que deciden sobre la agenda de desarrollo local. Una de esas ideas, que por cierto la señaló Pesci en su propuesta, que no tendría un costo oneroso es proponerse la recuperación de los espacios verdes urbanos (y digo recuperación porque son pocos los que se encuentran recuperados), sólo hay que apostarle un poco al ingenio, algunos fondos público-privados y a una clara voluntad política de motivar la participación ciudadana.
Es muy posible que en nuestras universidades locales haya especialistas lo suficientemente ingeniosos (arquitectos, agrónomos, biólogos, por decir algunos) como para diseñar espacios, corredores y sitios verdes urbanos accesibles a los lugares donde se ubican las viviendas, dispuestos a elaborar y supervisar proyectos de este tipo en convenio con los gobiernos locales.
También es posible apostar fondos público-privados para pagar estos servicios, capacitar e involucrar una red de facilitadores que enlacen las universidades con las oficinas municipales responsables y los grupos ciudadanos que participen en estas acciones.
Desde el ámbito oficial quizá esto se vea poco probable no tanto por que se desconozca la situación de los espacios verdes urbanos, o por que sea de sumo difícil convencer a los regidores de asignar presupuestos que precisamente, suponemos, aprobarían por no ser onerosos o por que se dude de la colaboración de las universidades, sino de la dificultad que implica motivar e involucrar a los ciudadanos en, primero recuperar los espacios verdes urbanos más allá de simples plazas o plazuelas, de crear corredores verdes conectados no sólo por la vegetación sino también por las personas involucradas en su cuidado, y de ser necesario, ampliarlos. Podría ser un buen complemento de un proyecto de mayor costo, al fin ya aprobado, como el megaparque urbano que se pretende crear en Torreón y del deteriorado corredor ripario que inicia en llamado Parque de Raymundo.
Pero la motivación a la participación ciudadana es una cuestión que parte, primero de concebir la recuperación de los espacios urbanos como una forma de mejorar la calidad de vida de los habitantes citadinos y, segundo, de también concebir que desde el ámbito público se puede impulsar una política ciudadana que se base en la participación de la ciudadanía sin que por ello se amplíe la nómina burocrática; sólo lo necesario porque incluso la difusión puede obedecer a un compromiso de responsabilidad social de los medios de comunicación como las mismas aportaciones privadas o de los ciudadanos.
