Durango

Esperan recursos hasta julio

Dificultades. Durango destacó a nivel nacional luego de que a finales del año pasado implementó un Nuevo Sistema de Justicia Penal, sólo con recursos del Gobierno del Estado. Sin embargo, la Federación no ha apoyado con su parte y esto tiene en riesgo esta nueva modalidad acusatoria.

Dificultades. Durango destacó a nivel nacional luego de que a finales del año pasado implementó un Nuevo Sistema de Justicia Penal, sólo con recursos del Gobierno del Estado. Sin embargo, la Federación no ha apoyado con su parte y esto tiene en riesgo esta nueva modalidad acusatoria.

JUAN M. CÁRDENAS

Se vislumbra una esperanza para salir de la crisis. El Organismo Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal espera que el Gobierno Federal publique las reglas de operación, para comenzar a libe rar recursos en julio próximo a los estados que ya tienen esta modalidad o que la tienen en proyecto.

Sin embargo, el daño ya está hecho. Dicho Organismo tuvo que despedir a 20 personas para optimizar recursos.

 SITUACIÓN COMPLICADA Juan Soto Ledezma, director general del Organismo Implementador, afirmó que recientemente se aprobaron las reglas de operación para acceder a los recursos del Sistema de Justicia Penal. Enfatizó que Durango ya se comunicó con la Secretaría Técnica Federal y les informaron que los recursos podrían llegar hasta dentro de cuatro meses.

Explicó que para continuar con el proceso del Nuevo Sistema de Justicia Penal se requiere de recursos para infraestructura, equipamiento, capacitación y difusión, rubros que deben estar cubiertos de manera integral por el monto que libere la Federación.

El titular del Organismo detalló que ya se tiene todo el proceso para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Comarca Lagunera, pero los tiempos para su puesta en marcha dependerán de los recursos disponibles.

"Es muy difícil comenzar sin tener los tres rubros presupuestales para darle continuidad a la implementación de la Región Laguna", reconoció Soto Ledezma.

Agregó que la situación económica del Organismo es complicada, pues la falta de dinero para esos tres rubros básicos limita la operatividad efectiva. Esta crisis obligó a prescindir de 20 personas de diferentes áreas, a pesar de que tuvieron cursos durante más de un año en comunicación social, equipamiento, capacitación y legislación. Hasta que haya dinero podrán ser recontratados.

"Para implementar el Sistema de Justicia Penal en todo el estado hay una proyección de 224 millones de pesos; a éstos todavía les tenemos que sumar la plantilla de recursos humanos y gasto corriente de las instituciones, que viene oscilando en 250 millones", enfatizó.

Necesidad

El Organismo requiere de 224 millones de pesos para implementar el Nuevo Sistema en todo el estado, y asciende a 250 millones con personal y gastos.

Evolución

El titular de dicho Organismo enfatizó que estas cifras no incluyen el proceso de fortalecimiento del Sistema de Justicia que requiere Durango para seguir a la vanguardia.

Estragos

20 personas que se capacitaron por más de un año para trabajar en el Nuevo Sistema fueron despedidas por falta de dinero para pagarles.

Varios reclamos por falta de recursos

En el presupuesto 2009 el Gobierno del Estado aportó 100 millones de pesos; sin embargo, para este año sólo se otorgan recursos para los rubros de evaluación y seguimiento; ahora la responsabilidad de apoyar económicamente esta modalidad es compartida con el Gobierno Federal.

El pasado 25 de febrero la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) emitió un reclamo al Gobierno Federal, por la falta de apoyo para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal exigido por la Constitución.

A mediados de este mes el procurador general de Justicia en la entidad, Daniel García Leal, en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) realizada en Michoacán, exigió a la Federación más recursos y apoyo para continuar con esta modalidad en Durango, que es de las primeras entidades del país en implementar este nuevo sistema acusatorio apegado a los lineamientos marcados en la Constitución Política.

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