Uno de los mayores problemas que presentan las autoridades al enfrentarse a la galopante inseguridad del país y la región es, sin duda, su incapacidad para establecer una coordinación efectiva.
Hace tres años, ante la creciente ola delictiva en La Laguna, las corporaciones policiacas de los distintos niveles de gobierno acordaron el establecimiento del llamado "Código Rojo". El objetivo de esta estrategia es generar una alerta generalizada en los cuerpos de seguridad destacamentados en la región luego de la comisión de un delito o del reporte de una balacera. Dicha alerta permitiría a las policías una respuesta más rápida y una movilización más eficiente con la disposición de "anillos de seguridad" en vialidades de acceso y salida de la zona conurbada de la comarca.
Pero, a pesar del peliculesco nombre y sus pretenciosos objetivos, los resultados han sido pobres, casi nulos. Un análisis estadístico realizado por El Siglo de Torreón, y publicado en la edición del domingo 25 de abril de 2010, arrojó que durante la activación en al menos 185 ocasiones del Código Rojo en 2009, únicamente fueron detenidas 15 personas relacionadas con actos ilícitos. Es decir que el promedio de efectividad de la mencionada estrategia policiaca conjunta es de un arresto por cada 12 alertas activadas. Indefendible, pues, el actuar de los cuerpos de seguridad.
Esta falla de coordinación y logística ha motivado a algunos integrantes de las corporaciones a cuestionar el uso del famoso e inútil Código, el cual, lo único que provoca es temor y malestar entre la ciudadanía. El 27 de enero de 2010 las corporaciones se sentaron a revisar la estrategia de coordinación, luego de percatarse de que en lo que iba del año se había activado el Código una vez al día, sin la certeza de que los hechos reportados tuvieran la importancia que amerita una movilización total. Pero más que reforzarlo, sólo cambiaron los criterios de activación. Cuando se trate de "incidentes de impacto menor" se lanzaría una Alerta General, mientras que el Código Rojo se activaría sólo cuando se trate de ataques a policías, secuestros y asaltos bancarios.
Ante el evidente fracaso de la estrategia de coordinación, cabe preguntar ¿hasta cuándo las autoridades competentes asumirán con responsabilidad su obligación de brindar seguridad a una ciudadanía que ya está harta de vivir con miedo a salir a la calle? Los ciudadanos exigen policías que inhiban el delito, no que acudan al lugar de los hechos sólo a recoger casquillos y cuantificar los daños. Para eso urge una coordinación real y efectiva.
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