La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la revisión de un juicio en el que el ministro Fernando Franco propuso anular la ley que regula y establece las bases del funcionamiento y operación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
El ministro Fernando Franco presentó ante el Pleno un proyecto de sentencia en el que planteó invalidar la reciente reforma que aprobó la Asamblea Legislativa, en septiembre de 2009, mediante la cual modificó la Ley Orgánica de la procuraduría capitalina, que es la que establece las reglas conforme a las cuales tiene que operar esta institución encargada de investigar y perseguir a quienes cometan delitos en el Distrito Federal.
La Cámara de Senadores impugnó dicha reforma desde octubre del año pasado por considerar que la Asamblea se extralimitó en sus funciones y asumió facultades que son exclusivas del Congreso de la Unión, que es el único que puede modificar la ley de la procuraduría capitalina.
En su defensa la Asamblea y el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, argumentaron que la reforma es congruente con el nuevo concepto de seguridad pública que se ha establecido en el país, en especial después de la reforma constitucional de 2008.
Si bien la regulación de la Procuraduría capitalina no está expresamente reservada para la Asamblea, argumentaron, de la lectura sistematizada de la propia Constitución y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se desprende que esta facultad dejó de ser del Congreso de la Unión y ahora es exclusiva de los legisladores locales.
El gobierno capitalino consideró incongruente que se haya impugnado dicha reforma y no se hayan cuestionado en el pasado más de 10 leyes y códigos emitidos por la Asamblea vinculados también con la procuración de justicia en el Distrito Federal, como la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley contra la Delincuencia Organizada, Ley del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, todas capitalinas.
Pero el ministro Franco no compartió su opinión y le concedió la razón a los senadores porque concluyó que conforme al artículo 122 de la Constitución, la Asamblea sólo puede legislar en las materias que expresamente se le concedieron en este apartado.
Y, agregó, es claro que a la Asamblea no se le dieron atribuciones en la Constitución para que regule lo relativo a la organización y funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Por tanto lo que procede es anular la reforma elaborada por la Asamblea. El ministro planteó un plazo de 180 días para que la estructura y funcionamiento de la Procuraduría regrese a ser el mismo que tenía antes de la reforma, conforme a la Ley aprobada por el Congreso de la Unión en 1996. Todo ello sin perjuicio de que la sentencia quede sin efecto, si antes se aprueba una nueva reforma, pero ahora impulsada por los legisladores federales.
