Afines de la semana pasada, el noticiero principal de Televisa difundió un video en el que Sergio Villarreal alias “El Grande”, procesado por narcotráfico y otros delitos, revela en su declaración a la PGR que entregó cincuenta mil dólares a un articulista de la revista Proceso, semanario de circulación nacional, como pago de su silencio.
Frente a la reacción del director de la revista que reclama que se haya difundido información no confirmada, Televisa presenta una secuencia de entrevistas hechas de botepronto a políticos de diversos partidos, que en el pasado han reclamado a Proceso el haber publicado hechos que los interesados sostienen que son falsos, y que en su momento dicen les ha afectado en su nombre y fama, lo que hace aplicable en la especie que a la revista, se le ha dado “una sopa de su propio chocolate”.
En una de las entrevistas realizadas por la televisora, el Senador por Sinaloa y ex candidato presidencial Francisco Labastida, hace una propuesta pertinente y saludable, en virtud de la cual sugiere que se permita la publicación de ese tipo de imputaciones, sólo si están sostenidas en un procedimiento legal que las respalde.
Lo ocurrido evoca el caso del Senador Guillermo Anaya, al que la Revista Proceso le atribuyó nexos de intimidad con “El Grande” en su edición del 4 de marzo de 2007. El legislador coahuilense demandó desde aquel entonces y obtuvo del Tribunal Superior de Coahuila en fecha reciente, una sentencia que declara difamatorio y calumnioso el artículo, y condena al reportero al pago de daños y perjuicios, así como a la publicación de un resumen de la sentencia en la propia revista y en otros medios impresos.
A nivel regional no es el único caso. El año pasado la revista Proceso integró a sus páginas un libelo difamando al diputado Salomón Juan Marcos y a uno de sus hijos, justamente cuando este último sonaba como aspirante a la alcaldía de Torreón, y en forma infundada y ambigua se les relaciona a los dos con hechos delictuosos o al menos sórdidos. A ese paso a golpe de campañas calumniosas, cualquier ciudad o región corre el riesgo de quedar políticamente descabezada en aras de intereses inconfesables.
En estos y otros casos el estilo es semejante. Se parte del contexto de lucha contra el crimen organizado y de la disputa de las organizaciones criminales entre sí; se ubica a los personajes públicos objeto de escrutinio en relación próxima o remota con verdades a medias, conjeturas temerarias o meras suposiciones y enseguida se les expone a la vergüenza pública, sin que medie el señalamiento de hechos concretos comprobados y ni siquiera que estén en proceso de ser probados, a la luz de un procedimiento judicial en el que el inculpado tenga derecho a la defensa.
El afectado por la publicación difamatoria queda en el dilema de ignorar el comentario y caer en el supuesto de que el que calla otorga, o se embarca en un litigio judicial que mantiene vivo el cuestionamiento a su persona, aún en el supuesto de que la justicia le conceda la razón y gane el pleito pues en tal caso, existe la posibilidad de que el imperio de la desesperanza, el escepticismo y el morbo, niegue credibilidad al desempeño de los tribunales.
El planteamiento está hecho. El periodismo en todas sus formas merece el respeto a la libertad que requiere su ejercicio, pero ello implica una enorme responsabilidad ineludible, que es a cargo del comunicador.
A nivel regional no es el único caso. El año pasado la revista Proceso integró a sus páginas un libelo difamando al diputado Salomón Juan Marcos y a uno de sus hijos, justamente cuando este último sonaba como aspirante a la alcaldía de Torreón, y en forma infundada y ambigua se les relaciona a los dos con hechos delictuosos o al menos sórdidos. A ese paso a golpe de campañas calumniosas, cualquier ciudad o región corre el riesgo de quedar políticamente descabezada en aras de intereses inconfesables.
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