El grado de cumplimiento del Gobierno de México a las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que condenó la violación a las garantías de dos indígenas por parte de militares- será uno de los indicadores de los que dependerá que Estados Unidos libere 26 millones de dólares que retuvo de la Iniciativa Mérida en septiembre.
Roberta S. Jacobson, subsecretaria de Estado adjunta estadounidense para el Hemisferio Occidental, en entrevista, expuso así que la entrega de los recursos estará supeditada -entre otros factores- a la respuesta del Gobierno mexicano a los fallos emitidos en los casos de las indígenas Me→ phaa (tlapanecas) Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
"El caso de la Corte Interamericana sería una de las cosas más interesantes en los próximos meses, porque el Gobierno de México ha dicho que sí va a cumplir con la decisión, y esa sería una de las cosas más importantes e interesantes de seguir en el futuro, pero claro que también hay otras cosas que son indicadores, no nos queremos enfocar en una sola cosa (...) pero estamos bien interesados, por ejemplo, en el caso de cómo puede reconciliar México la decisión de la Corte", indicó.
De visita de trabajo en México, Jacobson explicó la decisión de su Gobierno de retener los 26 millones de dólares: "para los fondos de 2010 nosotros queremos continuar mirando la situación de derechos humanos aquí en México, y nos gustaría ver un poco más de progreso en algunas áreas", y hay un plazo de hasta dos años para que el Gobierno de EU decida si entrega o no dichos fondos como parte de la Iniciativa Mérida.
Dejó en claro que esto no significa que México no haya cumplido con los requisitos de la ley del Congreso para la liberación de los fondos, pero se retuvieron los fondos pues se debe garantizar "respeto a los derechos humanos".
ALERTAN DEL CRIMEN El Gobierno de Estados Unidos advirtió que el crimen organizado en México aplica tácticas nuevas de operación que incluyen la violencia hacia la ciudadanía y ataques a grupos civiles.
La subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para América Latina, Roberta S. Jacobson, dijo que esta situación es una medida de la delincuencia organizada para presionar al Gobierno Federal de que cambie su estrategia de lucha contra el narcotráfico.
"Están utilizando la violencia, amenazado a la ciudadanía en esas ciudadades como manera de continuar trabajando en sus esfuerzos ilegales y también para presionar a los gobiernos de cambiar su lucha en contra de ellos", explicó.
Dijo que ante ello, los gobiernos de los dos países requieren no solamente trabajar juntos en la detención de algunos de los líderes de lo que llamó empresas internacionales de crimen organizado, sino que también deben laborar y conocer toda la logística de operación de esas organizaciones.
