El máximo órgano de justicia de Durango se encuentra entre los más ineficaces del país según un estudio presentado el miércoles por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), titulado ¿Qué tan bien gastan las procuradurías estatales los recursos públicos?
El gasto del Estado en procuración de justicia apenas rebasa el uno por ciento de su presupuesto total.
Con poco más de 100 pesos erogados en procuración de justicia por cada habitante -cifra similar a la que ejercen estados como Jalisco, Zacatecas o Aguascalientes- Durango muestra menores resultados.
Las Averiguaciones Previas Iniciadas por cada 100 mil habitantes entre 2003 y 2008 no alcanzan las mil, mientras que otros estados rebasan esa cifra hasta por 200 averiguaciones con gastos similares. De hecho, Durango ocupa el lugar 25 de 32 en averiguaciones iniciadas; un rubro en el que también está implicada la poca o mucha confianza de la ciudadanía en esta institución.
En lo relativo a las consignaciones, el Estado también presenta cifras magras. Por cada 100 mil habitantes se registran casi 50 consignados; con lo cual, Durango queda en clasificado como el número 30 de las 32 entidades federativas.
Durango no sólo queda en el sótano en esos rankings. En el documento, firmado por los investigadores Marcelo Bergman Harfin y Fernando Gabriel Cafferata, se establece una correlación entre las Averiguaciones Previas Iniciadas (APIs) y las consignaciones. En una situación ideal, al establecerse la correlación, los estados deberían registrar un uno; sin embargo, el promedio nacional es de 0.35.
Si la media mexicana ya es baja, Durango tiene una cifra aún menor. Apenas 0.07. Entre 2003 y 2008, el Estado registró 968 APIs por cada 100 mil habitantes, y sólo 60 consignaciones en la misma proporción.
JUSTICIA COSTOSA El estudio analiza también los costos de las averiguaciones y de las consignaciones, y establece una diferencia entre la más cara y la más barata. De 31 entidades (Tamaulipas no otorgó datos para esta clasificación) Durango es la última, pues el costo unitario de las consignaciones es de 266.7 pesos, mientras que la de una Averiguación Previa es de 11.4. Esto da una diferencia de 255.3 pesos, cuando la menor, que se registra en Baja California Sur, es de 6.1 pesos.
El Estado, además, consume sus esfuerzos en perseguir delitos menores. De todas las Averiguaciones Previas registradas en dicho periodo, 27.2% corresponden a robo. En cuanto a lesiones y homicidios -ambos delitos graves- el porcentaje es de 12.3% para el primero, y sólo 2.4% para el segundo. Esto significa que la justicia dedica el menor esfuerzo a esclarecer asesinatos a pesar de que se han registrado 250 dolosos y 144 culposos.
En cuestión de homicidas consignados, en relación a las averiguaciones, Durango apenas reporta un 35%; mientras que otros estados que tienen una erogación de justicia similar, llegan hasta el 52%, como Jalisco.
Entre las conclusiones a las que llega el estudio está que las procuradurías, a pesar de que han incrementado en forma importante sus presupuestos, la generación de resultados no es la que la sociedad demanda. México destina más de 100 mil millones de pesos cada año a seguridad pública y aproximadamente un cuarto se destina a las procuradurías, que, dice el estudio, trabajan bastante pero producen poco.
"En México existe una burocracia que es medianamente eficaz para resolver delitos menores, bastante ineficaz para resolver delitos graves, y bastante ineficiente en razón de que gasta más recursos de los que debería para sus tareas", concluyen los autores.
