Los marginan. Organizaciones denunciaron que el Consejo Nacional de Seguridad Pública excluyó al ICESI del diseño y análisis de la encuesta nacional sobre seguridad. EL UNIVERSAL
Organizaciones civiles rechazaron la decisión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), encabezado por el presidente Felipe Calderón, de excluir a la sociedad civil de la medición de la criminalidad en el país, que realizaba desde 2002 el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI).
En conferencia de prensa, el presidente del ICESI, Luis de la Barreda Solórzano, y representantes de otras 12 organizaciones cuestionaron la publicación del 16 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que designa al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como el único responsable de realizar la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI).
Federico Reyes Heroles, presidente de la fundación Este País y de Transparencia Mexicana, afirmó que la exclusión del ICESI "envía una grave señal para la democracia mexicana, porque implica terminar deliberadamente con el contrapeso que representa la sociedad civil en la medición del fenómeno criminal".
Las organizaciones alertaron, además, sobre la pretensión de modificar la encuesta, incluyendo reactivos que pueden inducir un tipo de respuesta en los entrevistados, como es el caso de las preguntas "¿Qué tan seguro se siente?" y "¿Si fuera víctima de algún delito, usted lo denunciaría?", en lugar de "¿Se siente usted seguro en su comunidad"? y "¿Ha sido víctima de algún delito?", respectivamente.
Por ello, exigieron rectificar el acuerdo publicado, pues su contenido no corresponde a la versión estenográfica de la sesión del CNSP celebrada el 3 de junio pasado, en la que nunca se discutió ni se aprobó excluir al ICESI de la elaboración de la encuesta.
Aseguraron que es de vital importancia la participación de un organismo ciudadano en su diseño y análisis, para garantizar el derecho de acceso a los mexicanos a información objetiva y confiable.
De la Barreda y Eduardo Gallo, presidente de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), no descartaron que la decisión haya sido resultado de presiones por parte de algunos gobernadores, a quienes irritaron los resultados de la encuesta 2009, presentados en la sesión plenaria del CNSP del 26 de noviembre de ese año.
