Alzan la voz. Un grupo de mujeres se manifestó en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se llevó a cabo la discusión sobre el siniestro de la guardería ABC de Sonora. EL UNIVERSAL
La Corte resolvió en definitiva que en el caso del incendio de la Guardería ABC sí se registraron violaciones graves de garantías, pero que ninguna autoridad de alto nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Gobierno de Sonora o del municipio de Hermosillo estuvieron involucradas en los hechos que derivaron en la muerte de 49 niños el 5 de junio de 2009.
Por mayoría de votos, la mayoría del Pleno determinó que el ex director del IMSS y secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular del Instituto, Daniel Karam, el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, e incluso el ex presidente de Hermosillo, Ernesto Gándara, no estuvieron involucrados en la violación grave de violaciones en este caso.
Al concluir la revisión de este asunto, el máximo tribunal del país resolvió sólo declarar como involucradas en la violación grave de garantías a los funcionarios de menor rango en todos los órdenes de Gobierno.
Las únicas autoridades que se señalaron como involucradas en violaciones graves de garantías en el IMSS fueron: Arturo Leyva Lizárraga, delegado estatal en Sonora (2006-2009) y Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías (2001-2009).
De parte del Gobierno de Sonora, sólo se señaló a Wilebaldo Alatriste Candiani, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (2003-2009); Fausto Salazar Gómez, director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda (2008-2009), y a Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda (2006 a la fecha).
Mientras que del Ayuntamiento de Hermosillo ubicó como autoridades involucradas en las violaciones a Jesús Davis Osuna, director de Inspección y Vigilancia Municipal (2006-2009); y a Roberto Copado Gutiérrez, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (2006-2009).
El ministro Arturo Zaldívar pidió responsabilizar al ex director del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, de violaciones graves de garantías porque "le es atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propiciaron las condiciones para la tragedia ocurrida en la guardería ABC".
La magnitud de las fallas del sistema, afirmó, también alcanzaba a Daniel Karam Toumeh, actual director del IMSS, aunque ocupó el cargo tres meses antes de la tragedia.
En su caso, el ministro explicó que "este funcionario también es responsable de la gestión de los eventos posteriores al incendio y de la atención médica que se ha brindado a las víctimas".
A los dos funcionarios, dijo se les debería responsabilizar, porque como titulares del IMSS, estaban obligados "a implementar las medidas necesarias a fin de que el servicio cumpliera con las disposiciones legales aplicables, se prestara en las mejores condiciones posibles, y garantizara el desarrollo y la salud de los infantes".
Pero su proyecto fue rechazado en todas sus etapas por la mayoría de sus compañeros.
Así la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó declarar que priva un desorden generalizado en el sistema de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Disgusta resolución
El abogado Lorenzo Ramos, defensor de los padres del Movimiento 5 de Junio, criticó la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rechazar que exista un "desorden generalizado" en las guarderías del IMSS.
"La minoría que votó por declarar el desorden generalizado es consecuencia de lo de ayer --no señalar responsables y avalar la legalidad de la subrogación--, consecuencia casi fatal. Esto es un golpe muy duro, pero no el definitivo", dijo Ramos.
Entrevistado al concluir la primera parte de la sesión de ayer sobre el caso de la guardería ABC, el abogado lamentó que la Corte privilegiara el criterio económico sobre el jurídico constitucional, respecto a la legalidad de las guarderías subrogadas.
