Inicia debate. La semana pasada el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hizo un llamado a la CNDH a no caer en suspicacias que deslegitimen la labor de la autoridad. AGENCIA REFORMA
El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, y los 32 titulares de las comisiones estatales de derechos humanos en el país se pronunciaron en contra de las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que desacreditan a estos organismos públicos y exigieron su respeto.
"Por unanimidad, los 33 ombudsman del país manifestamos nuestro absoluto rechazo e indignación al discurso del secretario de Gobernación, quien afirmó que las comisiones pueden ser 'tontos útiles de la delincuencia'. Le exigimos respetar el trabajo que realizan los organismos públicos de derechos humanos.
"Las comisiones y procuradurías defensoras no actúan por suspicacia, como afirmó el responsable de la política interior del país; sus investigaciones son efectuadas con ética, profesionalismo, estricto rigor jurídico y una metodología científica que garantizan un resultado confiable y no admiten debates propiciados por suspicacias del Estado, que debe ser el primer garante del respeto a los derechos humanos", advirtieron.
En un comunicado, externaron su preocupación por la postura de Gómez Mont, quien por un lado reconoce categóricamente la existencia en México de la tortura y, por el otro, descalifica a los organismos públicos de derechos humanos que la han documentado.
Los ombudsman refirieron que en las instituciones de Estado no debe existir polémica sobre el tema de derechos humanos, porque éstos son universales e indisolubles.
Los funcionarios señalaron que el discurso debe ser único, firme, claro y contundente, pues de lo contrario se corre el riesgo de confundir y generar malinterpretaciones en los servidores públicos que tienen el contacto directo con la población.
Los titulares de los organismos consideraron que las resoluciones que emiten no debilitan al Estado ni fomentan la arbitrariedad, sino que fortalecen a las instituciones, les dan la oportunidad de resarcir los daños causados por servidores públicos, de cambiar prácticas administrativas que vulneran la dignidad de las personas, de sancionar a quienes han vulnerado derechos y de reconocer actos de injusticia.
Los 33 ombudsman demandaron que en estos momentos críticos que vive México en el tema de la seguridad pública, las instituciones trabajen en un clima de respeto y de responsabilidad, de acuerdo con sus atribuciones y competencias, pues la confrontación y descalificación sólo abonan a la incertidumbre.
