Alzan la voz. María Elena Morera, Isabel Miranda de Wallace, Nelson Vargas participan en el Foro Alto al Secuestro.
Representantes de la sociedad civil y víctimas del delito de secuestro exigieron una Ley que sea eficaz en contra el secuestro y que el personal policiaco dedicado a este rubro esté debidamente capacitado, pues la Policía asesora mal a las víctimas lo que deriva en la muerte.
Al participar en el Foro Alto Al Secuestro, convocado por el Senado de la República para conocer los puntos de vista de los especialistas para avanzar en la elaboración de un dictamen sobre la Ley General Antisecuestros.
En el patio central de la sede senatorial, los representantes de la sociedad civil exigieron a los legisladores, senadores y diputados, cumplan con sus compromisos, pues "ustedes se comprometieron a aprobar la Ley antisecuestro antes de que acabara el pasado periodo ordinario de sesiones, en diciembre, y hasta hoy no lo han hecho".
Sin embargo, Alejandro González Alcocer, presidente de la comisión de Justicia, se comprometió de nueva cuenta a que a más tardar en un mes será dictaminada la iniciativa, misma que recogerá todas las propuestas viables de las 15 que hasta hoy existen no sólo para prevenir el secuestro, sino para atender a las víctimas del delito.
Nelson Vargas Bazañes aseguró que en su caso fue mal asesorado, por la parte oficial y por la Iniciativa Privada, cuando estaba en proceso el secuestro de su hija Silvia y consideró que si se hubiera hecho lo que él pensaba, seguramente el resultado sería otro y no estuviera muerta.
Por ello, exigió que la Ley antisecuestro omita las pretensiones de prohibir el pago de los montos del rescate exigidos por los secuestradores o el congelamiento de las cuentas bancarias para evitar el pago, ya que eso sería terrible, porque no estamos preparados para una situación de esa naturaleza en México.
Nelson Vargas pidió que la Ley no contemple libertad bajo fianza a los procesados por secuestro, pero además que haya prisión vitalicia, porque las personas que secuestran a otros, no tienen por qué recuperar su libertad ni reinsertarse a la sociedad.
Por su parte, María Elena Morera, ex presidenta de México Unido contra la Delincuencia, quien ahora trabaja en el Centro de Estudios Morera, dijo que México requiere una Ley antisecuestro eficaz para poner freno al delito del secuestro.
Además pidió que haya un Código Penal Único, "porque en esta época no se puede pensar que en una región o en otra del país, hay que atender de diferentes maneras un delito, porque eso, solamente confunde y obstaculiza la coordinación de la autoridades".
En ese sentido, dijo que si bien en México la impunidad es de 95 a 98 por ciento, en el caso del secuestro los niveles de impunidad son de 70 por ciento, ya que se cuenta con mecanismos y estrategias de combate a este delito que permiten mayor eficacia en las investigaciones y por ello hoy uno de cada tres secuestradores podrá ser llevado a prisión.
Una de las personas asistentes al foro, denunció que desde hace 13 meses la Policía Federal no ha hecho nada por encontrar a su hijo que fue plagiado y que han denunciado que uno de sus jefes de trabajo "lo puso" para que lo secuestraran; que "la Procuraduría General de la República no ha podido hacer nada porque la Policía Federal no reporta, como es su obligación".
La respuesta de Nelson Vargas fue contundente y clara "su problema señora, es que usted no es rica; su problema es que usted no es artista; su problema es que usted no es funcionaria; su problema es que no le han hecho caso por eso, pero no le puedo responder, porque a mí me atendieron media hora después de que secuestraran a mi hija y hoy está muerta".
Proponen que pago por rescate sea deducible
Senadores del PAN, PRI, PRD y PVEM propusieron expedir la Ley General de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro y la iniciativa prevé que los pagos por el rescate sean deducibles de impuestos.
También la iniciativa establece un sistema integral de protección y asistencia a las víctimas directas e indirectas del plagio y se responsabiliza al municipio, estado o federación que tenga entre sus filas de agentes a secuestradores. Dicha iniciativa procede de la señora Isabel Miranda de Wallace.
