"La ley, sin la fuerza,
Es impotente."
Blaise Pascal
Un tribunal colegiado negó un amparo al sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia en contra de la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de dar por concluidas las relaciones laborales en la mina de Cananea de Grupo México. El fallo es inapelable y significa que el sindicato debe entregar las instalaciones, que han estado bajo su control durante dos años y medio. El sindicato de Gómez Urrutia, sin embargo, ha señalado abiertamente que no piensa entregar la mina.
No es ésta la primera vez que una institución o persona de poder se niega a acatar una resolución judicial. En nuestro país, de hecho, es muy alto el número de sentencias que no se cumplen porque los perdedores se niegan a cumplir los fallos. En caso de resistencia, las autoridades que tienen la responsabilidad de obligar el acatamiento no se atreven a hacer nada. El resultado ha sido el surgimiento de una cultura del incumplimiento de la ley que puede tener consecuencias muy negativas para nuestro país.
El caso de desacato de Andrés Manuel López Obrador en un juicio de amparo por la expropiación del predio El Encino ha sido uno de los más notables. Después de que el jefe de Gobierno hizo todo lo posible para perder el juicio, un tribunal colegiado determinó que el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal había incurrido en desacato por no haber obedecido las órdenes de un tribunal de devolver el terreno indebidamente expropiado.
La Cámara de Diputados cumplió con su cometido y en 2005 desaforó a López Obrador. Éste aprovechó el proceso para presentarse como un mártir político del Gobierno de Vicente Fox y así aumentó su popularidad de manera muy importante. La Procuraduría General de la República, que había solicitado el desafuero, no se atrevió a actuar una vez que recibió el expediente. El propio procurador Rafael Macedo de la Concha renunció a su cargo en protesta por la decisión del presidente Fox de no presentar acusaciones en contra de López Obrador. El nuevo procurador Daniel Cabeza de Vaca nunca inició el proceso por desacato.
Otro caso es el de Refrescos Pascual. La empresa, propiedad de Rafael Jiménez Zamudio, fue objeto de una huelga en 1982 que la llevó a la quiebra. El Gobierno de Miguel de la Madrid tomó la firma y la entregó a los trabajadores organizados en una cooperativa. Durante años Jiménez Zamudio trató sin éxito de recuperar la compañía. Sus herederos siguieron luchando por obtener cuando menos la devolución de los terrenos, ya que el Gobierno de De la Madrid no los expropió.
Cuando López Obrador ocupó la jefatura de Gobierno del Distrito Federal expropió finalmente el predio para entregárselos a la cooperativa. El 17 de noviembre de 2005, sin embargo, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en un juicio de amparo que la expropiación era inconstitucional. No podía considerarse como "causa de utilidad pública" la expropiación de un predio privado para beneficiar a una empresa privada, aunque fuera cooperativa. Lo relevante del caso, sin embargo, es que hasta la fecha el fallo de la Suprema Corte no ha sido aplicado.
México no podrá ser un país de leyes mientras las autoridades no se atrevan a aplicar los fallos judiciales. De qué sirve que alguien trate de defenderse en los tribunales de los abusos del Gobierno o de las empresas privadas si, después del tiempo y el costo invertido, la autoridad tiene miedo de aplicar la sentencia. Si las cosas son así, mejor declaremos que en México se vive bajo la ley del más fuerte. Dejemos de pregonar que vivimos en un Estado de Derecho.
Si realizar mesas de trabajo fuera la manera de acabar con la criminalidad, hace ya mucho tiempo que no habría violencia en Ciudad Juárez o en el resto del país. Las discusiones que se están llevando a cabo en la urbe fronteriza, me parece, son más un desplante político que un intento real por resolver el problema.
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