El presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó al Senado de la República su iniciativa para modificar el fuero militar, que considera adecuar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para excluir de la jurisdicción castrense los delitos de desaparición forzada de personas, la tortura y la violación.
La propuesta cumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin vulnerar el bien esencial que protege la jurisdicción militar, es decir, la disciplina en las fuerzas armadas, pilar de funcionamiento de dichas instituciones, justificó Calderón en la exposición de motivos.
El mandatario explicó al Senado que así se cumple la sentencia del caso Rosendo Radilla, que obliga a México a acotar la jurisdicción militar en cuando a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones de las fuerzas militares, esto es, a la comisión de conductas ilícitas que atentan contra la disciplina militar.
TRIBUNALES Y PRISIÓN Los delitos mencionados serán competencia de tribunales del fuero federal, precisa el artículo 57 propuesto por el presidente: "Cuando de las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprenda la probable comisión de alguno de los contemplados en el párrafo anterior, inmediatamente el Ministerio Público Militar deberá, a través del acuerdo respectivo, desglosar la averiguación previa, precisando las constancias o las actuaciones realizadas y remitirla al Ministerio Público (MP) de la Federación. Las actuaciones que formen parte del desglose no perderán su validez, aún cuando en su realización se haya aplicado este código y con posterioridad el Código Federal de Procedimientos Penales".
En el artículo 129, Calderón propone que los militares sujetos a proceso "deberán estar en prisiones militares y no podrán considerarse como tales los buques, cuarteles u oficinas militares" para salvaguardar su integridad física y "evitar que pudieran ser persuadidos para participar en los intereses de la delincuencia organizada".
Obliga al Ministerio Público y a la nueva Policía Ministerial Militar -que actualmente se denomina Policía Judicial Militar- a realizar un registro inmediato de los detenidos.
