Receptáculo de las siete plagas, a los problemas de solvencia que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social se agrega una catarata de litigios que colocan en grave riesgo lo exiguo de su patrimonio. Hasta junio pasado se contabilizaban 101 mil 726 demandas contra o por el organismo, ya en los tribunales administrativos, civiles, mercantiles y aún penales, a la par de procedimientos especiales.
Cuando no es un proveedor inconforme con el resultado de una licitación, es un patrón al que se le embargaron sus cuentas por supuesta omisión en el entero de las cuotas obrero-patronales; un derechohabiente que debió recurrir a una clínica privada ante la falta de atención del Instituto; un jubilado inconforme con el monto de su pensión; un trabajador que se considera despedido injustamente por el Instituto, o un funcionario que se le acusó de abuso. El renglón más socorrido, naturalmente, es el laboral, con 54 mil 494 casos. Le sigue el fiscal, es decir cuotas atrasadas, con 36 mil 556 juicios; el penal, con seis mil 126...
Más allá, se han tramitado a favor o en contra de la instancia tripartita tres mil 432 amparos, cerrando la larga lista mil 118 procedimientos civiles, mercantiles o especiales. De hecho, en marzo del 2004, al fragor de la catarata, el Consejo Técnico aprobó la creación, de plano, de un Programa Nacional de Atención y Control de Juicios, cuyo primer punto, naturalmente, fue contratar un mayor número de abogados, con el subrayado de ser competentes.
Aún así, de 246 juicios civiles, mercantiles y procedimientos especiales concluidos, 74 le resultaron adversos a la causa del organismo.
Adicionalmente, en el 2009 sólo se alcanzó un porcentaje de 52 por ciento de laudos favorables en litigios ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, contra el 54.6 del 2008 o el 52.1 del 2005... por más que en el 2004 el porcentaje apenas llegaba al 46.5.
La posibilidad habla de que en juicios laborales en que se reclama crear pasivos contingentes por 10 millones de pesos o más, el Seguro Social podía perder 258 millones 81 pesos.
El abanico plantea pagos incorrectos de finiquitos al término de una relación laboral; de cambio inadecuado de adscripción a un trabajador; de cálculo erróneo en una indemnización por accidente; de negativa de pensión por incapacidad total o permanente...
La cifra, sin embargo, parece de risa frente al pasivo de ocho mil 708 millones creado para atender juicios fiscales, por más que el monto es simbólico, dado que al momento de ejecutarse la sentencia se debe cubrir actualizaciones, recargos y demás.
A veces, incluso, el monto está sujeto al Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México.
Por lo pronto, están en juego juicios de nulidad por devoluciones, reintegro de gastos médicos o reclamaciones, 47 millones 537 mil pesos.
De los 26 mil 552 juicios fiscales concluido el año pasado, cinco mil 310 fueron ganados por el Instituto; cinco mil 622 fueron sobreseídos; tres mil 872 llegaron al recurso de nulidad para efectos, y 11 mil 758 alcanzaron status de nulidad lisa y llana.
En los dos últimos casos el problema básico es que no se desahogó la auditoría respectiva en los plazos establecidos por el Código Fiscal de la Federación, o por irregularidades en el desahogo de las visitas domiciliarias.
Ahora que en su Informe Sobre Viabilidad y Riesgos Financieros 2009-2010 entregado al Ejecutivo y al Legislativo, el organismo advierte de trampas, fraudes o simulación en la catarata de litigios.
De entrada, por ejemplo, se habla de reclamaciones fraudulentas de trabajadores sobre su antigüedad, basadas en discrepancias entre las fechas de ingreso y la antigüedad efectiva que consta en sus recibos de pago.
Más allá, en ocasiones se demandan indemnizaciones por riesgos de trabajo ficticios; se solicita reinstalación tras una rescisión por faltas injustificadas, aún cuando se carezca de elementos para justificar las ausencias.
Adicionalmente, se simulan despidos injustificados para cobrar la indemnización correspondiente.
El exceso llega cuando se simula un accidente o enfermedad profesional.
Ahora que desde dentro del propio organismo se tiende el puente para el fraude, al expedirse constancias con un número de semanas cotizadas que resulta mayor al que se dictamina con la Certificación de Derechos; se otorgan pensiones provisionales a trabajadores que no padecen padecimientos, en afán de obligar al pago de una pensión definitiva.
El alud, pues, aplasta.
Lluvia sobre mojado frente a la precariedad del Instituto que amenaza con volverlo inviable.
Aunque en el papel la entrada del Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco como socio del Grupo Aeropuertuario del Pacífico, con un diez por ciento del capital de control, no afectaría la balanza frente a los otros socios en pugna, es decir las firmas españolas AENA y Abertis y la Controladora Mexicana de Aeropuertos, esta última la está jalando a su causa.
La idea es ir juntos por los paquetes de los españoles, para mexicanizar la empresa.
La presión apunta a que la inversión de AENA, una firma propiedad del gobierno español, viola el Artículo 34 de la Ley de Aeropuertos que prohíbe la participación de gobiernos extranjeros en las terminales aéreas del país.
Como usted sabe, las firmas españolas unidas impusieron a su paisano, Demetrio Ullastres como presidente de la compañía.
DESACATO DE COFETEL
De acuerdo a la óptica de Iusacell, la Comisión Federal de Telecomunicaciones cayó en desacato el lunes pasado al reanudarse la puja por paquetes de 10 megahercios del espectro de telefonía celular, tras haber logrado ésta un recurso administrativo frente a su inconformidad por la forma en que se diseñaron las bases. La notificación del juez de la causa le llegó al organismo esa mañana.
Sin embargo, de acuerdo a los abogados de la instancia de regulación, aunque el recurso coloca en jaque el procedimiento, no obliga a suspenderlo, sino en tal caso a no entregar el título de concesión respectivo a los ganadores del espectro.
Como usted sabe, el binomio Televisa-Nextel amarró con la postura mínima un segmento regional de 30 megahercios, al que no podía aspirar ninguno de los otros competidores.
SANTANDER LA LIBRA
De acuerdo al reciente test-stres realizado entre los principales bancos de la Unión Europea de cara a la crisis, uno de los mejor librados es Santander, la matriz española de la intermediaria que operaba en México como Serfín.
La idea, naturalmente, era verificar el grado de riesgo que enfrentan las sociedades de cara a una eventual crisis de pagos.
CRECE SORIANA
Colocada ya en el segundo sitio de las cadenas de autoservicio en el país, Soriana va por más: Su meta es llegar a cien ciudades bajo su formato express, además de cubrir en lo que va del año el 84 por ciento de las megatiendas previstas, es decir 16 de 19.
Las unidades rápidas ofrecerán siete mil artículos, en un área de mil 500 metros cuadrados.
La clientela será de clase media y media baja.
Apoya impuesto a emisiones de carbono
El presidente del Grupo Asesor de Naciones Unidas en temas de Energía y Cambio Climático (AGECC, por sus siglas en inglés), Kamdeh Yumkella, propuso un impuesto a la emisión de carbono para crear un fondo verde.
En la primera mesa de trabajo del grupo, el funcionario de la ONU comentó que sería muy benéfico el gravamen, que ya se aplica en algunos países sin causar afectaciones a sus economías. En el foro, el magnate mexicano e integrante del grupo, Carlos Slim Helú, dijo que los recursos que provengan de tal impuesto deberán aplicarse única y exclusivamente a la investigación, desarrollo de tecnología y energía renovable, para evitar que se orienten hacia otras áreas. Kamdeh Yumkella, también director general de la Organización de Desarrollo Industrial de la ONU (UNIDO, por sus siglas en inglés), dijo que este tema sobre el impuesto al carbón será abordado en las reuniones del AGECC, ya que en otras áreas de contaminación el contaminador paga. Recordó que en este último el impuesto ha existido durante la última década y su economía sigue siendo competitiva. Además, todas las industrias petroleras cuando planean sus inversiones deben pagar 50 dólares por el carbón que usan. Si se grava el carbón se tendrán tecnologías alternativas competitivas, además de un incremento en los ingresos que pueden ser utilizados en la innovación y desarrollo para energía renovable.
