"Los políticos son personas que, cuando ven luz al final del túnel, van y compran más túnel."
John Quinton
Si nuestro país pudiera realmente alcanzar la prosperidad prohibiendo la inversión productiva, podríamos festejar la medida. Pero como no es así, leyes como la aprobada por el Congreso de Baja California Sur deben hacernos dudar del futuro del país.
Los legisladores locales de Baja California Sur, con mayoría del PRD, han aprobado una iniciativa de ley que prohíbe la minería a cielo abierto, las plantas nucleares para generación de electricidad y el uso de explosivos para la extracción de materias pétreos excepto en obra pública. La nueva legislación también le da al gobernador la facultad discrecional de determinar cuáles son "las actividades prioritarias convenientes en cada región y microrregión".
Hay serias dudas de la constitucionalidad de la legislación. El artículo 73 de la Constitución federal en su fracción X le da al Congreso de la Unión la facultad para legislar sobre la minería, los explosivos y la energía eléctrica y nuclear. Preocupa, sin embargo, el mensaje a los inversionistas nacionales y extranjeros. Al parecer el ambiente contra la inversión productiva se vuelve cada vez más hostil en nuestro país. Hasta este momento el Gobierno Federal no ha expresado siquiera una crítica a las acciones del Congreso de Baja California Sur.
La decisión de los legisladores de entregarle al gobernador la facultad de decidir cuáles deben ser las actividades aceptables en cada región, por otra parte, constituye un retroceso brutal a un sistema de planificación central tan personal que ni siquiera Corea del Norte lo tiene.
Inquieta también la prohibición del uso de explosivos excepto en obra pública. Esto revela que no hay ningún propósito ecológico o de seguridad detrás de la prohibición. Después de todo, cualquier daño que pueda ocasionar un explosivo en una obra privada sería igualmente dañino en una pública. El propósito de la medida es darle al gobierno un monopolio más en actividad productiva. El Congreso de Baja California Sur quiere atacar los cimientos mismos de la economía de libre empresa.
Algunos grupos ecologistas radicales han celebrado esta ley. No sorprende. Sus miembros son profesionales de clase media, que viven de donativos de grupos internacionales y no tienen necesidad de encontrar un empleo productivo. Para los sudbajacalifornianos más pobres, sin embargo, especialmente en aquellas zonas en las que no hay más opciones laborales que la minería, esta medida cancela una parte muy significativa de las opciones económicas presentes y futuras. La medida detiene, por lo menos de manera temporal, inversiones ya aprobadas por cientos de millones de dólares.
El Gobierno perredista de Narciso Agúndez ha mostrado desde hace tiempo una actitud de rechazo a la iniciativa privada y al Estado de Derecho. Ha promovido o protegido invasiones de tierra. Ha utilizado sindicatos, como los de taxistas municipales, para impedir una competencia de mejor calidad en el transporte que beneficiaría a residentes y a turistas. Ha apoyado huelgas ilegales de sindicatos afines a él cuyo único propósito ha sido despojar a otros sindicatos de los contratos legítimos que ya tenían.
La nueva ley, sin embargo, sería el legado más negativo que pudiera dejar el gobernador Agúndez. No todo el estado es Los Cabos, ni puede una entidad hacer depender su economía de una sola actividad como el turismo. Los políticos de Baja California Sur parecen estar trabajando tiempo completo para dañar los intereses de la población cuyos intereses dicen defender.
Finalmente Andrés Manuel López Obrador decidió dejarle el Monumento a la Revolución el 20 de noviembre a Marcelo Ebrard. Pese a que ya había anunciado que ahí llevaría a cabo el mitin del festejo del cuarto año de su "presidencia legítima", generosamente optó por mudarlo al Hemiciclo a Juárez.
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