Convocado a una reunión extraordinaria el viernes pasado, el Consejo Técnico del Seguro Social recibió literalmente un cubo de agua helada en el rostro, al recuento de la trágica situación financiera del organismo frente a la cual no pareciera haber salidas.
Del tamaño de la catástrofe, cuya magnitud intentó paliar infructuosamente hace unos días asumiendo una parte de sus reservas operativas, es decir la última opción con que cuenta una entidad antes de declararse en quiebra, habla el que este año se arrastrará un déficit ingresos-egresos de 17 mil millones de pesos.
Por lo pronto, el abasto de medicinas está en su punto más crítico; no existe posibilidad alguna de constituir reservas para crear nuevas plazas médicas; no hay material suficiente para atender la demanda de operaciones...
Para acabar pronto, el Instituto no tiene capacidad para integrarse al seguro universal que esgrime como bandera social el actual gobierno.
Más aún, como está confeccionado, el Seguro Popular acelera la ruina del organismo, en un escenario en que las empresas prefieren inscribir a sus trabajadores en éste, dándoles de baja del sistema tradicional.
Y aunque en su último informe sobre la situación financiera y viabilidad entregado al Ejecutivo y al Congreso, se apunta tenuemente la posibilidad de un incremento en las cuotas-obrero patronales, no existe voluntad política de una y otra parte para atender el reclamo.
Y aunque, desde otro ángulo, la posibilidad hablaría de una cruzada sin precedente para atacar la evasión en un escenario en que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) existen en el país 4.2 millones de unidades económicas, de las cuales sólo 850 mil están inscritas en el IMSS, tampoco pareciera factible que se ajustaran las leyes para darle al órgano tripartita los colmillos requeridos.
De hecho, se le frenó en su intento de meter en cintura a las firmas outsourcing o terceristas, cuyas trampas para eludir la seguridad social de sus trabajadores son de todos conocidas.
Y si le seguimos, tampoco pareciera que el gobierno, como corresponde a un organismo que jurídicamente no puede declararse en quiebra, tuviera deseo alguno de intentar su rescate.
Se diría que, al margen de la demagogia del seguro universal y el seguro popular, para el régimen panista no es prioridad el seguro social.
Por lo pronto, pareciera misión imposible intentar, como lo hizo el ISSSTE, bursatilizar las cuentas pendientes de pago, o enviar a los trabajadores en vías de retiro al sistema privado de pensiones, vía el pago de un bono de finiquito.
Más allá, tampoco pareciera haber alguna ruta para lograr un acuerdo extraordinario con los propios trabajadores del organismo para atenuar el problema de pensiones y jubilaciones, cuyo déficit en materia de reservas rebasa el billón de pesos.
Ahora que el organismo, en la paradoja, sigue contratando asesores de lujo en todas las áreas, gastando, en paralelo, millonadas para entablar la defensa de sus altos funcionarios para enfrentar problemas con el de la guardería ABC de Hermosillo.
Más allá, la corrupción cabalga sin freno. De hecho, existe una investigación en curso sobre la realización de supuestas apuestas fallidas en la Bolsa Mexicana de Valores por 16 millones de pesos, tomados de las reservas del organismo.
Más allá, la Secretaría de la Función Pública indaga la entrega de un contrato multianual de tres mil millones de pesos otorgado a la firma Tata Consultancy Services de México para servicios logísticos e informáticos, con la novedad de que ésta no reunía las condiciones para participar en la licitación.
Se diría, pues, que el Instituto está atrapado en tres frentes: la indiferencia del gobierno, la imposibilidad a allegarse nuevos ingresos... y su propia podredumbre.
BALANCE GENERAL
De no ocurrir una acción del gobierno que le permitiera tomar el control de la firma, Mexicana de Aviación aterrizará indefinidamente mañana, en espera de la luz verde al concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada por parte de un juez de lo concursal.
La pista está abierta también para sus filiales Click y Link, en lo que representa el fracaso total de la estrategia del presidente de la firma, Gastón Azcárraga Andrade, de preservarlas como negocios en marcha, tras transferirles activos de la matriz.
Esta logró operar gracias al fondo laboral... hasta que se agotó el último centavo.
En el escenario, aunque estamos hablando de un colosal fracaso empresarial, la carambola le pega de lleno al gobierno, quien fue incapaz de poner en orden a un negocio concesionado.
Se diría que la autoridad dejó al libre juego de las leyes del mercado a una empresa estratégica, a contrapelo de la rectoría que pregona.
¿O qué, no existen elementos en la ley para evitar que se cometan fraudes como el que está a la vista, en que se saqueó una empresa al punto de sacar de sus activos hasta la marca, y de pasadita llevarse entre las ruedas a miles de consumidores y cientos de agencias de viajes?
¿No que no tenemos un gobierno fallido?
HSBC CONTRA CUERDAS
Aunque la filial en México del banco inglés HSBC está impugnando un fallo del Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil del Distrito Federal que le obliga a resarcir a la Comisión Federal de Electricidad 275 millones 242 mil 134 pesos que fueron extraídos irregularmente de las cuentas de ésta, no pareciera tener muchas posibilidades de éxito.
De acuerdo a los magistrados que revocaron una resolución original de un juez que absolvía a la intermediaria de las acusaciones, ésta no tuvo el cuidado de verificar la legalidad de las 226 operaciones realizadas por funcionarios venales de la paraestatal, algunos de los cuales están en la cárcel.
Dicho con todas las letras, las firmas no eran las autorizadas por la tesorería de la CFE.
El caso es significativo, dado que coloca a los bancos ante la exigencia de certificar los retiros que realiza su clientela para no verse involucrados en problemas legales.
INGENIERÍA DE RESTAURANTES
Aunque el accionista principal de los restaurantes Italianni's en pleito con la cadena de franquicias Alsea, Víctor Cachoua, fue vicepresidente de la firma constructora, invitando como socios a algunos de los accionistas de la compañía, el grupo ICA señala que ninguno de ellos está ya en activo de cara a ésta.
Todos, pues, salieron en su momento.
CCE CONTRA INEGI
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 28.5 por ciento de la población ocupada del país, es decir 12.5 millones, navega en la informalidad al constituir unidades económicas con base en los recursos del hogar, sin integrarse formalmente como empresas.
Sin embargo, a juicio del Consejo Coordinador Empresarial, la clasificación resulta coja, dado que el común en las estadísticas es considerar informales a todos aquellos trabajadores que no cuentan con servicio de salud.
Bajo ese prisma estaríamos hablando del 64 por ciento de la población ocupada, es decir 28 millones, lo que en cualquier país del mundo tendrían prendidos los focos rojos.
La cifra es idéntica a la que ha exhibido el ex director general del Seguro Social, Santiago Levy.
Albertobach@yahoo.crom.mx
