El programa Gunrunner, destinado a detener el flujo ilegal de armas hacia México, está dando pocos resultados debido a que no se ha endurecido la supervisión en los centros de venta de armas, principalmente los localizados cerca de la frontera con México, consideró David A. Shirk, director del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego.
Dicho programa, implementado por Estados Unidos y México en enero de 2008 se ha centrado sobre todo en intentar detectar el tráfico de las armas y no en evitar que las armerías vendan estos artefactos a personas que a todas luces son prestanombres del crimen organizado mexicano, explicó el académico.
"Yo creo que la estrategia es fallida, es una estrategia que trata de interrumpir el tráfico y no de prevenir la venta ilegal", indicó.
El presidente Felipe Calderón exigió el domingo en una entrevista con CNN aplicar la Ley que prohíbe las exportación de armas a México.
Maureen Meyer, encargada para México y Centroamérica de la Washington Ofice on Latin American (WOLA), indicó que efectivamente el personal de la Oficina de Alcohol, Armas y Tabaco (ATF, por sus siglas en inglés) no está realizando el trabajo con la contundencia con que lo podría hacer.
De acuerdo con la ATF, los traficantes utilizan a personas con antecedentes limpios, como ancianas, para adquirir armamento en las cerca de seis mil 700 tiendas establecidas en Estados Unidos a lo largo de la frontera Norte.
